IA en el sector público
A partir del video presentado en el
Módulo 2 del Cursado de la Materia
Derechos Laborales y Sindicales y
escuchando atentamente a Magíster Néstor Balich en su conferencia denominada Innovación e inteligencia artificial en
el sector público, se abrieron interrogantes
y desafíos que, como trabajadora pública,
sentí que debía explorar con el objetivo
de formarme, superar miedos y prejuicios
instalados socialmente y sobre todo en la
Administración Pública sobre la aplicación
de la Inteligencia Artificial.
Néstor Balich es miembro del Centro de
investigación, desarrollo e innovación para
el sector público (CIDISP) del Sindicato de
la Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN).
Tal como se define en el sitio web, la misión/
visión de CIDISP es desarrollar actividades
profesionales de investigación, desarrollo,
formación y consultoría de carácter multidisciplinario, para incrementar la calidad
en la formación profesional y jerarquizar
la investigación en todos los ámbitos de la
Administración Pública.
Particularmente en
el área de inteligencia artificial, el Centro de
Investigación evalúa y gestiona el impacto
de la IA en el mundo del trabajo de hoy.
Que el Centro de Investigación CIDISP sea
parte de un Sindicato como UPCN, nos
revela la importancia de la presencia de las
organizaciones sindicales ante estos nuevos desafíos de la Administración Pública
y la necesidad de generar conocimiento e
investigación para anticiparse a las transformaciones, con mirada formativa a fin de
acompañar a los trabajadores públicos en
los cambios tecnológicos y de gestión que
se van presentando.
El sindicato es la organización primordial en
la defensa de los derechos de los trabajadores, cuestión que nos interpela a fortalecer
esas instituciones frente al avance actual
de los modelos neoliberales que buscan
desacreditar, desprestigiar y desmovilizar
a los trabajadores.
Esta ofensiva contra los sindicatos no es
casual ni novedosa y así lo demuestra la
historia de la Internacional de Servicios
Públicos, precisamente a partir de 1980,
la función del sector público como promotor de la responsabilidad social colectiva
se vio eclipsada por el nuevo concepto
monetarista del sector público como algo
intrínsecamente indeseable y económicamente ineficiente. Se decía que los sindicatos, el Estado y los servicios públicos eran obsoletos. Sobrevinieron recortes de
los servicios públicos y del gasto público.
Era fácil tildar de enemigos al gobierno y a
su burocracia, tomando en cuenta que todo
el mundo puede en algún momento haber
tenido alguna experiencia desfavorable
en el trato con las autoridades públicas. El
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron los primeros en entrar en la
pelea, obligando a que se privatizaran los
servicios públicos. Después siguió Margaret
Thatcher. Los servicios públicos fueron
entregados en masa al sector privado y los
sindicatos diezmados, perdiéndose millones
de puestos de trabajo sindicalizados. En la
década de 1990, la ideología comunista con
sus sectores públicos fue reemplazada por
otra ideología: citando a Hans Engelberts,
Secretario General de la ISP (1981-2007) se
trata de la “tiranía de fuerzas de mercado
desenfrenadas que no rinden cuentas al
pueblo” (Keller & Hoferl, 2007, página 81) .

Actualmente, en la Argentina, nos enfrentamos nuevamente a lo que las autoras denominan una “guerra contra los gobiernos”, librada en nombre de la ideología neoliberal. Las promesas del neoliberalismo de riquezas para todos han quedado sin cumplir, produciendo enormes daños económicos y sociales. Eso muestra las razones por las cuales en el futuro se necesitará con urgencia mayor presencia de los servicios públicos. Se necesitan servicios públicos para procurar suficiente protección de la salud humana, para facilitar oportunidades de trabajo, ingresos suficientes, bienestar y protección contra los infortunios de la vida. Los servicios públicos han aportado considerablemente al bienestar de la humanidad. Deben, pueden y, de hecho, seguirán haciéndolo así en el futuro, porque eso es lo que la gente quiere y para eso luchan los sindicatos (Keller & Hoferl, 2007, página 85).
“Por ello frente a la necesidad de mayor presencia de servicios públicos en un escenario nacional de pobreza, desigualdad y violencia, como trabajadores públicos debemos estar preparados y formados. Primero preparados ante la embestida del modelo de reducción del Estado y segundo formados ante el avance tecnológico.”
En el mismo sentido, Federico Dávila vicepresidente de la Internacional de Servicios
Públicos (ISP) entiende que estamos en
presencia de una nueva etapa del neoliberalismo caracterizada por una plutocracia
global (gobierno de ricos), representando
los intereses de una oligarquía financiera internacional y con una clara participación de
los principales impulsores y desarrolladores
de la economía digital (TICs, IA), dejando
en claro que eso no implica estar en contra
de la tecnología, ni del capital, sino que entendemos que ambas deben estar al servicio
de los pueblos y no para explotarlos o, aun
peor, excluirlos (Dávila, 2021).
Por ello frente a la necesidad de mayor
presencia de servicios públicos en un escenario nacional de pobreza, desigualdad y
violencia, como trabajadores públicos debemos estar preparados y formados. Primero
preparados ante la embestida del modelo
de reducción del Estado y segundo formados
ante el avance tecnológico.
Tomando las palabras de Néstor Balich, no
es lo mismo la aplicación de IA en el sector
privado que en el sector
público, destaca la importancia de incorporar
IA en el sector público
e introduce el concepto
de IA con valor social, lo
cual implica el desarrollo
de tecnologías, innovación y uso de IA orientado a generar impactos
positivos y equitativos
en la sociedad, priorizando el bien común,
la inclusión, la ética y la transparencia.
La IA es un concepto complejo y dinámico y
está lejos de tener una definición unívoca
y estática. La IA es una parte de las Ciencias de la Computación que se dedica al
desarrollo de sistemas inteligentes. Como
la IA aún no es una entidad en sí misma y
se utiliza para implementar soluciones, es
más conveniente hablar de sistemas inteligentes o sistemas de IA (Solano, Estévez,
& Peralta).
Un Sistema de IA puede, en base a grandes
volúmenes de datos, identificar patrones
y tendencias y tomar decisiones basadas
en esa información, lo que la convierte en
una herramienta valiosa para mejorar la
eficiencia y eficacia en diversos ámbitos,
incluyendo el sector público. Los Sistemas
de IA necesitan grandes volúmenes de datos estructurados, pertinentes y de calidad,
una infraestructura tecnológica robusta
que incluya recursos de cómputo de alto
rendimiento, conectividad de red de alta
velocidad e infraestructura de centros de
datos adecuada. La IA puede ser visible
o no al usuario final. Los sistemas de IA
pueden interactuar directamente con las
personas, como un chatbot para responder consultas o bien puede operar en segundo
plano analizando datos para optimizar procesos internos sin que el usuario lo perciba
directamente, como el algoritmo inteligente
usado por plataformas para recomendarnos series o películas. La autonomía de un
Sistema de IA se refiere al grado de participación humana en el funcionamiento del
sistema, específicamente hasta qué punto
el sistema puede tomar una decisión o ejecutar una acción independientemente de la
intervención humana y cómo los humanos
utilizan los resultados del sistema. La autonomía es uno de los criterios que se utiliza
para clasificar los sistemas de IA, ya que es
importante conocer cómo un sistema toma
decisiones. En algunas áreas críticas se requiere que la decisión la tome una persona
y no un sistema de IA. Los sistemas de IA
que están supervisados por una persona
o funcionan como asistentes en el trabajo
de un ser humano, se consideran sistemas
con la “persona en el loop”. Los sistemas
de IA se basan en algoritmos como todo
sistema de software, utilizan algoritmos,
que son conjuntos de instrucciones o reglas
definidas y finitas que permiten resolver un
problema o realizar una tarea específica.
Estos algoritmos, al procesar datos, pueden
estar sujetos a sesgos que reflejan prejuicios
o parcialidades. Esos sesgos pueden estar
presentes en los propios datos que usa el
sistema de IA, pero también en los procesos
de entrenamiento o el diseño del propio algoritmo. Por ello, es fundamental garantizar la
transparencia algorítmica, es decir, la capacidad de un sistema de IA para explicar de
manera comprensible cómo se han tomado
ciertas decisiones o se han obtenido determinados resultados, promoviendo la confianza
y la rendición de cuentas (Solano, Estévez,
& Peralta, página 4).
Desde CIPPEC (Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento) se ha elaborado una guía para
el uso de IA en el sector público, donde se
desarrollan una serie de requisitos para la
implementación de la IA, centrándose en
cuatro dimensiones:
a. Infraestructura de datos. No hay inteligencia artificial sin datos confiables y de
calidad. Es fundamental avanzar en políticas
de integración, apertura y estandarización
que garanticen la interoperabilidad entre
sistemas y la disponibilidad de datos útiles
para entrenar y validar modelos.
b. Capacidades institucionales y humanas.
El desarrollo de IA en el sector público no
requiere únicamente perfiles técnicos. Se
necesitan capacidades híbridas que combinen conocimientos digitales (IA, datos, ética
digital) con habilidades estratégicas como
análisis prospectivo, gestión de procesos
complejos e innovación colaborativa. La
inteligencia artificial debe integrarse con
la inteligencia individual y colectiva, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario entre
áreas de innovación, estadística, sistemas
y los equipos responsables de la toma de
decisiones en cada política pública.
c. Marco normativo y ético. La implementación de IA debe apoyarse en marcos legales
claros y adaptativos que regulen el uso de
datos personales, garanticen la transparencia de los procesos algorítmicos y aseguren
el respeto por los derechos de la ciudadanía. Es clave promover estándares éticos y
criterios de uso responsable de algoritmos
que eviten sesgos, aseguren la rendición de
cuentas y prioricen la equidad.
d. Infraestructura digital. Contar con conectividad adecuada, servidores o servicios en
la nube pública o híbrida y plataformas compartidas de desarrollo (como sistemas de
gestión o portales ciudadanos) acompañado
de estrategias robustas de ciberseguridad
que protejan tanto los datos como los sistemas involucrados.
Además, la guía propone recomendaciones.
Primeramente, diseñar una estrategia de IA
para el Sector Público participativa, ética y
basada en evidencia, identificando los problemas públicos prioritarios que la IA puede
abordar de manera efectiva. Seguidamente
propone adoptar un enfoque incremental
que comience con proyectos piloto o casos
de uso concretos que permitan evaluar su
efectividad y los riesgos asociados, "quick
wins" o victorias rápidas puede generar
confianza sobre los beneficios de la IA. Otro
aspecto es crear marcos de gobernanza y
regulación, que implica definir responsabilidades y establecer mecanismos de supervisión y control. Los gobiernos deben crear
normativas que incluyan principios éticos
en el diseño y el uso de IA, de forma que se
garanticen la transparencia, la equidad y la
rendición de cuentas. Por último, recomienda invertir en capacitación continua de los
funcionarios públicos en áreas relacionadas
con la inteligencia artificial, el manejo de
datos y la ética digital, creando marcos para
atraer y retener talento
especializado. Además,
debe fomentarse la
formación de perfiles
híbridos que combinen
conocimientos en gestión pública, tecnología
y ética, para asegurar
una integración eficiente de la IA en las políticas gubernamentales (Solano, Estévez
& Peralta, página 10).
Teniendo en cuenta la última recomendación, invertir en capacitación, se evalúa la
importancia de la formación en competencias laborales.
Teniendo en cuenta el Directorio Central
de Competencias Laborales de la Oficina
Nacional de Empleo Público (ONEP), las
competencias se dividen en tres grandes
grupos: Institucionales, Funcionales y de
Gestión. Las competencias laborales institucionales son aquellas con las que deben
contar todos los trabajadores de una organización. Es decir, son una serie de competencias requeridas de forma igualitaria
para todos los agentes o empleados, ya que
constituyen un nexo entre los valores institucionales y los comportamientos deseados
para sus empleados. Las competencias
funcionales, o antiguamente denominadas
“competencias técnicas”, son aquellas directamente vinculadas con las propias del
puesto por ocupar y se asocian de forma automática con las tareas a realizar. Dentro de
ese grupo, para todos los autores examinados, se encuentra el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, en
adelante, TIC (Romero Lamas, página 250).
Afianzar las competencias para la aplicación
Opinión
“La inteligencia artificial debe integrarse con la
inteligencia individual y colectiva, fortaleciendo el
trabajo interdisciplinario entre áreas de innovación,
estadística, sistemas y los equipos responsables de
la toma de decisiones en cada política pública.”
85
Opinión
de la inteligencia artificial en el sector público es el desafío, no hay futuro sin servicios
públicos, tal como lo plantea Rosa Pavonelli,
Secretaria General de la Internacional de
Servicios Públicos (ISP), pero es preciso
desarrollar competencias para brindar servicios públicos de calidad. En ese sentido,
desde mi ámbito laboral, en el Instituto
Nacional de Vitivinicultura, en coordinación
con el Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) en el mes de junio de 2025,
se realizó una capacitación en inteligencia
artificial, cuyo objetivo fue la formación de
los trabajadores del organismo con un concepto claro de desarrollar la aplicación de
IA para brindar mejores servicios.
Finalmente, tomando las palabras de Omar
Auton de UPCN expresadas en el Seminario
Regional Los desafíos de la negociación colectiva en el sector público, organizado por
la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
él habla de nuevos desafíos, haciendo referencia a la tecnología. Promueve no tener
miedo a la tecnología porque la tecnología
es un instrumental al servicio de los seres
humanos, afirmando que de no ser usada
por los trabajadores, al servicio del conjunto
de la población, la usará el poder económico
para enriquecerse, por lo cual el problema
de fondo es el ejercicio del poder y no de la
tecnología en sí misma, y culmina que frente
al avance del poder en las condiciones laborales de los trabajadores debemos dar un
paso más hacia delante y definir qué tecnología, cómo se la aplica, dónde se la aplica
y con qué características. Afirma que esas
definiciones se deben resolver en el marco
de la negociación colectiva, instrumento
fundamental para mejorar las condiciones
laborales, reducir las desigualdades y promover la equidad con justicia social.
Opinión
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Ana Cecilia Oldrá