CONSEJO
DIRECTIVO
Poder Legislativo: Centro del reparto constitucional del poder en la democracia argentina
01/12/2025 487Poder Legislativo:
Centro del reparto
constitucional del poder
en la democracia argentina
La Constitución argentina consagra
tres poderes para la formación y
funcionamiento del Estado, donde el
Poder Legislativo es quien ostenta
el rol central en el reparto del poder constitucional, ejecutando sus funciones no sólo
como órgano creador de normas, sino como
pilar institucional que equilibra y limita los
otros poderes.
Los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial) mantienen entre sí un dinamismo y
una serie de relaciones funcionales que hacen a la lógica republicana y es el poder Legislativo el que garantiza la vida democrática
del país. Sin Congreso no hay democracia.
Es el primero de los poderes que enumera
y describe la Constitución Nacional.
El Congreso, compuesto por Diputados
y Senadores, representa tanto al pueblo
como a las provincias (artículos 1 y 66 de la
Constitución Nacional) y asume el liderazgo
en el diseño normativo del país.
Desde la reforma constitucional de 1994,
se reforzó la ampliación de las facultades
del Congreso, incluyendo la sistematización
del control sobre los DNU y la ratificación de
nombramientos judiciales mediante mayoría
especial (artículos 75 y 99 incisos 3 y 4).
El Congreso dispone de mecanismos claros
para controlar los decretos presidenciales,
como la Comisión Bicameral Permanente
y la obligación del Jefe de Gabinete de
informar mensualmente en el Congreso
intercalando las visitas a Diputados y a
Senadores.
Estas herramientas legalmente establecidas, refuerzan su rol como contrapeso
frente a acciones ejecutivas unilaterales.
Según el artículo 29, para el Congreso está
expresamente prohibido conceder al Ejecutivo facultades legislativas extraordinarias
o la “suma del poder público”. Si es el que
concede, es porque ejerce supremacía del
parlamento sobre el Ejecutivo.
Reparto de roles entre poderes:
equilibrio institucional
El Congreso funciona como vértice del sistema de controles y equilibrios, sirviendo como celador del Ejecutivo por medio de juicios políticos, pedidos de informes, aprobación y rechazo del presupuesto, mientras que refuerza el federalismo mediante la participación provincial.
La división de poderes funciona adecuadamente sólo si cada órgano resguarda su propia esfera y las obligaciones constitucionales conferidas: el Congreso representa la voluntad popular, el Ejecutivo la administra y el Judicial vela por la legalidad.
El Poder Legislativo argentino es el centro del régimen constitucional que distribuye y limita el poder político.
La división de funciones con el Ejecutivo y el Judicial, junto con mecanismos constitucionales robustos, hacen del Congreso la autoridad legítima y soberana en la creación
de leyes, la fiscalización del gobierno y la
defensa del federalismo y de la democracia.
Su supremacía política y constitucional
se manifiesta en la práctica: frena abusos
ejecutivos, ratifica nombramientos institucionales y canaliza el reclamo provincial,
consolidando un sistema democrático viable
y equilibrado.
Es tal que es el único poder
del Estado que tiene la facultad de declarar
la necesidad de reforma de la Carta Magna,
como versa en el artículo 30 de la Constitución nacional: “La Constitución puede
reformarse en el todo o en cualquiera de
sus partes.
La necesidad de reforma debe
ser declarada por el Congreso con el voto
de dos terceras partes, al menos, de sus
miembros; pero no se efectuará sino por una
Convención convocada al efecto”.
Vale destacar la existencia de un órgano
de la Constitución que depende del Poder
Legislativo y que es de vital importancia para
el control del ejercicio y de la administración
del Ejecutivo, que es la Auditoría General
de la Nación.
El artículo 85 de la Carta Magna describe las
funciones y es categórico en cuanto a quien
es el responsable del control en el sector
público: “El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales,
económicos, financieros y operativos, será
una atribución propia del Poder Legislativo.
El examen y la opinión del Poder Legislativo
sobre el desempeño y situación general de la
administración pública estarán sustentados
en los dictámenes de la Auditoría General
de la Nación”.
Otro de los órganos que dependen del
Legislativo es el Defensor del Pueblo, instituido en el artículo 86, que tiene por misión
“la defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e
intereses tutelados en esta Constitución y
las leyes, ante hechos, actos u omisiones
de la Administración; y el control del ejercicio
de las funciones administrativas públicas”
La reforma del 94 le otorga al Congreso dos
facultades fundamentales para el ejercicio
democrático: el control y la auditoría del
ejecutivo y la protección y tutela de los derechos humanos. Ambas son un freno a los
excesos que pueda cometer el Ejecutivo en
el ejercicio de sus funciones.
Aunque la Argentina se enrole en un sistema
presidencialista, no quedan dudas de que el
más importante de los poderes del Estado es
el Legislativo por ser el que representa tanto
al pueblo como a las provincias y porque es
el garante de la democracia.
Desde 1955 en adelante, las dictaduras argentinas gobernaron a espaldas del pueblo,
es por ello que se ocuparon de acallar los
dos canales de representación y expresión
más genuinos que existen en la sociedad:
las organizaciones de representación obrera y el Congreso nacional. El único de los poderes que fue disuelto durante todas las
dictaduras argentinas fue el Legislativo y de
esa manera quisieron acallar la representación del pueblo.
El Poder Legislativo es preponderante por
sobre los demás poderes del Estado y, por
ello, el único que se cierra cuando nace un
poder dictatorial. Los gobiernos autoritarios
centran sus fuerzas en críticas y difamaciones al Congreso para restar su importancia
y su mandato constitucional de contralor. Hay ataques directos de medios de comunicación y militantes tratando de desprestigiar
a los legisladores y a los empleados de las
cámaras.
Hace poco tiempo, y por una medida legislativa contraria al Ejecutivo, los militantes
del partido gobernante pedían que envíen
los tanques y aviones para bombardear el
palacio legislativo.
El Congreso nacional es la memoria de la
Argentina, una memoria patrimonial que
conserva los valores democráticos y republicanos. Ese patrimonio no es sólo material
sino que es también inmaterial. Como dice
Mónica Lacarrieu, el patrimonio lo constituyen muchas identidades y contribuye a
reconocer a los olvidados, sin dejar de pensar que no existe el patrimonio si no hay un
trabajo de encuadramiento de memorias (no
es una sola memoria, sino que son memorias
sociales en general).
Ese patrimonio inmaterial y no tangible es el
que construye a diario cada empleado del
Congreso desde las funciones que se realizan cotidianamente. El trabajo parlamentario
y el administrativo, el mantenimiento edilicio,
la restauración del mobiliario, la limpieza,
la seguridad, las actividades culturales, las
relaciones con la comunidad y todas las
acciones se llevan adelante desde el Poder
Legislativo las realizan empleados altamente capacitados. No son los legisladores y los
funcionarios los que transmiten este bagaje
cultural. Si se decidiera cambiar la totalidad
de la planta del Congreso quedaría herida
de muerte la cultura institucional. La importancia de los empleados es superlativa.
Desde este espacio de reflexión político y
sindical se reivindica la labor legislativa y
el trabajo cotidiano que llevan adelante los
compañeros y compañeras que cotidianamente desempeñan una función primordial
para la salud democrática del país. Trabajadoras y trabajadores que deben soportar
desde hace décadas la infamia perpetrada
desde medios de comunicación en donde
se los trata de holgazanes y poco afectos
al trabajo. A eso hay que sumar ahora los
ataques permanentes del presidente de la
Nación y muchos de sus funcionarios que
se dirigen al Congreso como cueva de ratas
y caterva de ñoquis. ¡Gran mentira!
El espíritu del Congreso no está ni en los
mármoles de las escaleras, ni en las maderas de las bancas, ni en el terciopelo de
los cortinados, el espíritu del Congreso de
la Nación radica, vive, perdura y trasciende
en cada uno de los empleados legislativos
sin importar la función que cumpla. Ese es
el más grande capital que tiene el Congreso
y debe ser cuidado por toda la ciudadanía
argentina
Facundo Logarzo*
* Licenciado en Comunicación Social en la (UNLP), Diplomado Universitario en Gestión Legislstiva (UNC), Secretario de Acción
Política Delegación UPCN Congreso de la Nación.
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