Oscar Castellucci**

El 17 de octubre de 1945 representa un punto de inflexión en la historia argentina del siglo XX. Fue el momento en que el pueblo trabajador irrumpió en la escena política nacional como protagonista activo, no ya como receptor pasivo de decisiones ajenas, sino como sujeto consciente, dispuesto a defender las conquistas logradas y a exigir su continuidad por parte de quienes gobernaban.

Este artículo se propone volver sobre ese hecho fundacional desde una perspectiva que integre el contexto internacional, la perniciosa influencia de la política exterior estadounidense, la acción social de Perón desde el Estado y, finalmente, la respuesta movilizada de los sectores populares.

Recién cuando, el 7 de diciembre de 1941, en el contexto de la "segunda guerra", los aviones japoneses bombardearon la base naval de Pearl Harbour, los Estados Unidos ingresaron de lleno al conflicto bélico internacional que, hasta ese momento, se desarrollaba en geografías lejanas. Ese hecho modificó no sólo el tablero bélico, sino también las prioridades diplomáticas de Washington que, hasta entonces, estaban caracterizadas por una ambigua neutralidad.

Antes del ataque a Pearl Harbour, la actitud de los Estados Unidos frente a la guerra había sido de neutralidad oficial, aunque con una indisimulable inclinación hacia el apoyo a los Aliados. Tras el estallido del conflicto en Europa, en 1939, los Estados Unidos habían adoptado una política exterior basada en el aislacionismo, una tradición que había sido predominante desde el fin de la “primera guerra”, respaldada por leyes del Congreso que limitaban su participación en conflictos internacionales. Aislacionismo que le permitió potenciar su desarrollo industrial, especialmente en la producción armamentista destinada a los países beligerantes, lo que incrementó su poder económico y geopolítico, pilares de su consolidación como potencia hegemónica.

A partir del ataque japonés, el Departamento de Estado, dirigido entonces por el “halcón” Cordell Hull1, reactivó con urgencia el principio de “seguridad hemisférica” (acomodado a los intereses estadounidenses, claro), exigiendo a todos los países latinoamericanos que rompieran relaciones con las potencias del Eje y se alinearan incondicionalmente con los Aliados. Esta política, sustentada en una versión actualizada de la doctrina Monroe, establecía que cualquier amenaza al continente debía ser respondida en forma colectiva, aunque en los hechos esto implicaba una subordinación total a las directivas emanadas de Washington.

En ese marco, la Argentina, gobernada aún por el régimen conservador surgido del fraude electoral de la “década infame”, optó también por mantener su tradicional neutralidad, una postura que no respondía necesariamente a principios ideológicos, sino a concretos intereses económicos: al preservar su neutralidad, el país podía seguir comerciando tanto con los Aliados como con los países neutrales o del Eje, con beneficios extraordinarios para los sectores agroexportadores vinculados a Gran Bretaña.

Esa decisión fue interpretada por los Estados Unidos como una afrenta a su liderazgo hemisférico y una rebeldía inaceptable.

 Cordell Hull, un político del Partido Demócrata, estrechamente ligado al presidente Franklin Delano Roosevelt y convencido, con una rigidez fundamentalista, de que los gobiernos del radical antipersonalista Roberto Marcelino Ortiz y del conservador Ramón S. Castillo simpatizaban con el Eje —y sin distinguir claramente las diferencias entre los sectores nacionalistas del Ejército argentino (ni las divergencias que había entre ellos: para él, Pedro Pablo Ramírez y Perón eran “lo mismo”)—, impulsó una política de aislamiento total hacia la Argentina. A tal punto llegó la tensión que, en 1944, cuando Edelmiro Farrell asumió la presidencia, Estados Unidos promovió el desconocimiento diplomático del nuevo gobierno argentino. Desde entonces, la diplomacia estadounidense desplegó una estrategia sistemática de aislamiento y presión contra nuestro país.

Y si bien dentro del Ejército argentino convivían sectores muy heterogéneos ideológicamente, rápidamente, en ese contexto, comenzó a perfilarse una figura emergente: la del coronel Juan Domingo Perón, quien,

“La jornada de ocho horas, el estatuto del peón rural, los tribunales del trabajo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos, el impulso a la sindicalización, las políticas de vivienda obrera: eran las señales de un Estado que comenzaba a colocarse del lado de los trabajadores en un país cuya historia había estado marcada por el predominio excluyente de la oligarquía terrateniente y de los sectores medios mentalmente subordinados a los intereses de aquélla.”

desde la Vicepresidencia, el Ministerio de Guerra y, sobre todo, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, inició una serie de reformas que alteraron el equilibrio tradicional del poder económico y social conservador. A diferencia de la mirada estadounidense, que lo veía como un emergente autoritario de ideología fascista, su verdadero rol estaba orientado a la construcción de un modelo nacional, con base social en los trabajadores y foco en la justicia social.

A la desconfianza estadounidense hacia la Argentina, se sumaba su profundo desconocimiento sobre la realidad política local. El Departamento de Estado consideraba que el nuevo gobierno militar era la continuación encubierta de una postura simpatizante con el Eje, sin reparar en que desde un sector del Ejército —el liderado por el coronel Perón— comenzaba a articularse un proyecto de transformación social autóctono, que no respondía ni a los moldes del fascismo europeo ni a los lineamientos del liberalismo anglosajón. Esta incomprensión, sumada a intereses económicos y estratégicos, alimentó una hostilidad que se mantendría incluso tras la rendición del Eje.

La incomprensión de ese proceso por parte del Departamento de Estado sería uno de los factores que profundizaría la hostilidad y la coerción en los años siguientes.

Perón impulsó un conjunto de medidas que, por su alcance, impacto y dirección, fueron percibidas como una amenaza tanto por las élites locales (la oligarquía) como por los centros de poder extranjerizantes (el hegemónico poder estadounidense en ascenso).

La jornada de ocho horas, el estatuto del peón rural, los tribunales del trabajo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, los convenios colectivos, el impulso a la sindicalización, las políticas de vivienda obrera: eran las señales de un Estado que comenzaba a colocarse del lado de los trabajadores en un país cuya historia había estado marcada por el predominio excluyente de la oligarquía terrateniente y de los sectores medios mentalmente subordinados a los intereses de aquélla.

Este desplazamiento de la centralidad generó una reacción rápida. El llamado "Manifiesto del Comercio y la Industria" de junio de 1945, firmado por más de 300 entidades empresariales, fue una declaración de guerra contra la Secretaría de Trabajo y, fundamentalmente, contra su titular, el coronel Perón. Las clases dominantes no estaban dispuestas a ceder poder, ni a armonizar, y menos a hacerlo en beneficio de un movimiento que se gestaba desde abajo, con bases populares. Nada de la armonía social que pregonaba Perón en la búsqueda de la concreción de la "comunidad organizada" (hay un sabio axioma del boxeo que dice que "cuando uno no quiere, dos no pueden").

Es en ese clima cuando se consuma una de las operaciones más agresivas y coactivas de la injerencia extranjera en la historia argentina reciente. La designación de Spruille Braden como embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, en mayo de 1945, no fue un gesto meramente protocolar. Braden era un conocido lobbista, con experiencia diplomática en Chile y Cuba, vinculado al Departamento de Estado que lideraba Cordell Hull y a los intereses de los Rockefeller. Su misión, lejos de cualquier neutralidad diplomática, fue, directamente, la de articular una oposición política, mediática y militar al gobierno argentino y, en especial, a Perón.

En apenas 4 meses y 4 días (el tiempo total de su permanencia en la Argentina), en cuyo transcurso solo ocupó formalmente el cargo de embajador durante dos meses, Braden se entrevistó e interactuó con todos los sectores en los que se anidara alguna variante del naciente antiperonismo y que se opusiera al nuevo rumbo que estaba tomando la realidad nacional: dirigentes de los partidos conservadores (aunque fueran de “origen popular”, como la Unión Cívica Radical, o de “izquierda”, como el socialismo y el comunismo), mandos militares, empresarios, embajadores europeos y americanos, altas jerarquías eclesiásticas, y periodistas y medios al servicio del régimen conservador.

Su acción tuvo un punto culminante con la marcha del 19 de septiembre de 1945 —la llamada "marcha de la Constitución y la Libertad"—, masiva manifestación de los sectores oligárquicos y medios que pretendían poner freno al avance del Peronismo.

Una manifestación que no fue otra cosa, en realidad, que una respuesta a aquélla del 12 de julio de 1945, poco recordada en la memoria colectiva peronista, cuando más de 250.000 trabajadores, convocados por la Comisión de Unidad Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la intersección de Diagonal Norte y Florida, a pedido del propio Perón, se habían movilizado para apoyar su liderazgo y su gestión. No por casualidad, entonces, allí se corearían por primera vez las consignas "¡Ni nazis ni fascistas, peronistas!" y "¡Perón Presidente!".

Desde aquel 12 de julio, el Pueblo salió a dar la pelea en las calles y fue haciéndolas suyas. Pero no fue un “pueblo” genérico, sino ese Pueblo que, según la definición de Perón, era “todo habitante de la República que se comporta de acuerdo con las necesidades de la Nación. La parte más importante de un pueblo es la que trabaja y produce, y la menos importante es la que consume sin producir. No creo que lo que ha llegado a calificarse en todas partes como ‘pueblo’ obedezca a este concepto integral. Cuando se dice ‘pueblo’, somos nosotros; y cuando se dice aristocracia, capitalismo y otras cuantas calificaciones, son ellos. (...) Ellos habían conseguido siempre triunfar, y no se pueden convencer [de] que ahora han sido vencidos. Es natural, pues, que les quede ese elementalísimo recurso de apelar a cualquier medio para impedir la derrota”.2

A partir de entonces, la lucha se libraría en las calles y no en los recintos cerrados de la política conservadora, y dos países antagónicos empezarían a convivir en uno solo. Aquel acto no fue otra cosa que un preludio de lo que estaba por venir.

La contrarrevolución y la irrupción popular Después de la “marcha por la Constitución y la Libertad”, los peones de Braden creyeron que tenían la partida ganada, y fueron por la pieza más importante: el rey. Perón fue forzado a renunciar a todos sus cargos el 9 de octubre y fue detenido y confinado en la Isla de Martín García poco después. Los artífices de su salida confiaban en que la reacción popular podía ser contenida. Pero se equivocaron (como suele suceder).

El 17 de Octubre, una marea humana proveniente de los barrios obreros del conurbano bonaerense —el subsuelo de la Patria sublevado, como la llamaría Scalabrini Ortiz—, de La Plata y de los cordones industriales, avanzó hacia la Plaza de Mayo, y aquella masa sudorosa, insolentemente (para horror del medio pelo), “metió las patas en la fuente”, y la ocupó simbólica y materialmente.

La jornada fue histórica. Bajo un calor agobiante, miles de hombres y mujeres exigieron, con una persistencia y una decisión que descolocaron al Gobierno y a las minorías del privilegio, la liberación de Perón. Se ponía en escena, de forma directa, la relación entre el líder y su base social. No era una manifestación dirigida por comités, ni por políticos devaluados, sino por la convicción de que el rumbo iniciado debía ser defendido colectivamente.

Cuando Perón se presentó esa noche en el balcón de la Casa Rosada, la historia ya había cambiado. El Pueblo se había asumido como sujeto político y se había constituido una nueva relación de fuerzas.

“La jornada fue histórica. Bajo un calor agobiante, miles de hombres y mujeres exigieron, con una persistencia y una decisión que descolocaron al Gobierno y a las minorías del privilegio, la liberación de Perón. Se ponía en escena, de forma directa, la relación entre el líder y su base social. No era una manifestación dirigida por comités, ni por políticos devaluados, sino por la convicción de que el rumbo iniciado debía ser defendido colectivamente.”

En aquellas horas de efervescencia popular, se redefinió el espacio político: la calle dejó de ser monopolio de los sectores medios de saco, corbata y sombrero, y pasó a ser territorio de las camisas arremangadas, el mameluco y los delantales del Pueblo trabajador. De ese Pueblo, hasta entonces excluido simbólica y materialmente de los centros de decisión, que entonces pasó a ocupar irreverentemente el centro neurálgico del poder institucional.

La irrupción masiva no sólo desbordó los dispositivos tradicionales del control social, sino que inauguró una nueva forma de legitimidad política: la del protagonismo popular directo, organizado espontáneamente desde abajo y que reconocía un liderazgo no impuesto, sino elegido por la experiencia compartida.

Treinta años después de la jornada fundacional del 17 de Octubre de 1945, Perón volvería a colocar al trabajador en el centro de su propuesta política con la formulación del Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, presentado en 1974 durante su tercera presidencia. En ese documento programático, concebido como una guía estratégica para las futuras generaciones, Perón reconoce explícitamente el papel central que deben asumir los trabajadores, no sólo como destinatarios de políticas sociales, sino como actores políticos maduros, capaces de definir el rumbo de la Nación.

Allí sostiene: “Los Trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a la cual aspiran de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales”.3

Esta definición reafirma una continuidad conceptual entre el protagonismo popular que se expresó el 17 de Octubre y la propuesta de una democracia social avanzada, en la que el Pueblo organizado —y particularmente el Movimiento Obrero— debía participar activamente en la formulación del proyecto de país.

Este planteo va más allá de la mera representación sindical o gremial: implica una transformación profunda del vínculo entre política, economía y sociedad, en la que el trabajo ya no es solo una categoría económica, sino un principio organizador del orden social. En esa línea, el Modelo Argentino retoma los fundamentos de la Comunidad Organizada, proponiendo un sistema en el que las decisiones se tomen desde los intereses concretos del Pueblo y no desde lógicas impuestas por las élites o los centros de poder foráneos.

Así como en 1945 los trabajadores ocuparon el centro político del país desde la calle, en 1974 Perón les propone institucionalizar ese protagonismo, haciéndolo eje de un proyecto nacional, justo y soberano.

El 17 de Octubre no fue, entonces, sólo una reacción espasmódica a un hecho puntual. Fue la expresión acumulada de una voluntad colectiva que se proyectaría en el tiempo. Fue también la respuesta a una ofensiva externa que buscó abortar el desarrollo de un modelo propio de justicia social.

La presión del Departamento de Estado, la designación de Braden, el aislamiento diplomático, los sistemáticos ataques mediáticos y económicos, encontraron, en 1945, su límite no en un gobierno y una dirigencia encerrados en sus contradicciones, sino en la decisión del pueblo trabajador de hacerse cargo de su destino.

Ochenta años después, aquel grito sigue resonando. No como pieza de museo, ni como objeto de investigación histórica, sino como una interpelación vigente. Porque la soberanía política, la independencia económica y la justicia social —aquellas tres banderas que germinaron en aquellos años— no son un legado cerrado, sino una tarea todavía inconclusa.

Para avanzar, para completarla, hoy como ayer, si no somos capaces de rescatar de nuestra memoria profunda la certeza de que sólo el Pueblo salva al Pueblo, seremos permanentemente una patria con minúscula, sin libertad, en la que nadie podrá realizarse con dignidad.

Si aquel grito del 17 de Octubre fue un clamor inconcluso de libertad, es tiempo de 45

“Los Trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a la cual aspiran de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales.”

saber de qué hablamos cuando invocamos esa palabra. Para eso es necesario volver a Perón: “Nosotros no somos partidarios de la libertad unilateral que se tiene desde hace tanto tiempo, dentro de la cual el rico tiene libertad para hacer todo lo que quiera y el pobre tiene una sola libertad: la de morirse de hambre. Por eso, nosotros defendemos la libertad en la que el obrero tenga su medio de subsistencia y de decoro necesarios para vivir dignamente. Conseguida esa libertad, las otras van a venir absolutamente solas, porque en una tierra donde el hombre es libre, la colectividad y el país también lo son”.4

Aquel 17 de Octubre hubo un Pueblo que se plantó ante los poderosos con esa concepción de la libertad. Y en aquel entonces, triunfó; parcialmente, pero triunfó.

Hoy, sin embargo, ochenta años después, el Pueblo, de nuevo, está solo. Y espera (apelando, otra vez, al sabio decir de Scalabrini Ortiz).

“Quien quiera oír, que oiga”, dijo alguien, alguna vez.

Abril de 2025

* Una versión más desarrollada del contenido de este artículo podrá verse como Prefacio en el volumen de la colección JDP, los trabajos y los días que edita la Biblioteca del Congreso de la Nación y que recopila la producción de Perón correspondiente al año 1945, de inminente divulgación en su página web.

** Oscar Castellucci (1949): Historiador, docente e investigador. Es miembro de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón (decretos PEN No 1234/2003 y 58/2022). Se desempeñó como profesor titular de la Cátedra “A” de Identidad, Sociedad y Estado en Argentina y Latinoamérica en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace años se dedica al estudio sistemático de la obra Juan Domingo Perón y sus distintas ediciones. Es director de la colección JDP, los trabajos y los días (publicación de la Biblioteca del Congreso de la Nación).