El 14 de septiembre pasado, desde la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) convocamos al Congreso “Estado: Innovación y profesionalización desde los trabajadores” para promover un análisis conjunto sobre la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la administración de los servicios públicos y de las prácticas de gobierno.

Esta actividad se asentó, por un lado, sobre la necesidad de analizar, qué tipo de tecnologías facilitan realmente el acceso de toda la población argentina a los servicios y derechos que el Estado debe garantizar; y, por otro, sobre la certeza de que los/as trabajadores/as públicos debemos tener un rol protagónico en los procesos de innovación, porque sin nosotros no hay Estado.

El trabajo se dividió en dos partes: 1) elaboración de conceptos y exposiciones con el objetivo de facilitar la comprensión y la comunicación sobre estas nuevas problemáticas (alfabetización digital); 2) debate y análisis de la realidad de los distintos organismos con relación a los tópicos aprendidos.

Para dar continuidad al camino iniciado en el evento, mediante este documento compartimos una pequeña reseña de los tres ejes abordados, con el fin de que sirvan como sustento para los próximos pasos a dar.

1. Ciberseguridad.

Introducción conceptual.

La ciberseguridad es una disciplina que consiste en técnicas, políticas y procesos para resguardar la seguridad de la información. Su aprobación y tutela dependen de la máxima autoridad de cada organismo.

El objetivo de esta disciplina es que la información preserve su confidencialidad (que sea accesible sólo para aquellas personas autorizadas); su integridad (que se salvaguarde la exactitud y los métodos de procesamiento) y su disponibilidad (que implica que debe estar en el momento que el usuario la requiera).

La importancia de la seguridad de la información impacta en su autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confiabilidad.

La información y los procesos de apoyo son activos críticos para el funcionamiento del Estado nacional en el siglo XXI. Para su protección adecuada, es importante clasificarla de acuerdo con la sensibilidad y la criticidad; documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada; definir qué usuarios deben tener acceso a la información de acuerdo con sus funciones y competencia, y analizar los riesgos a partir de la evaluación de las vulnerabilidades, la probabilidad de ocurrencia de algún evento de ciberseguridad y el impacto que tendría si sucediera.

La seguridad de la información se logra implementando un adecuado conjunto de controles, que incluyen políticas, procesos, procedimientos, personal capacitado y estructuras organizacionales adecuadas. Es por ello que, además de la normativa vigente, cada organismo debe tener su propia política de ciberseguridad, y ésta debe ser conocida por todos los/as trabajadores/as para tener vigencia efectiva.

Debate y análisis.

Luego de presentar la introducción conceptual, del debate emergente quedó en manifiesto que:

Un porcentaje muy alto de los participantes desconocía si en sus organismos existían áreas que tuvieran bajo su responsabilidad la ciberseguridad, concluyendo en que, de existir, claramente no contaban con difusión interna.

En algunos organismos hay enlaces técnicos, pero sin nombramiento suficiente que jerarquice y ordene.

Existe una marcada preocupación por la seguridad de las bases de datos con información sensible referida a los/as ciudadanos/as. Muchas veces se trabaja con herramientas informáticas que podrían presentar vulnerabilidades en torno a la seguridad y a la soberanía (por ejemplo, plataformas colaborativas de Google).

Las circunstancias del punto anterior afectan el desempeño y las condiciones de trabajo, creándoles incluso grandes preocupaciones al momento de tener que responder frente a las auditorías por cuestiones que exceden a los/as trabajadores/as.

Existe una “vulnerabilidad” de los trabajadores/as y de los ciudadanos/as que es consecuencia del uso impuesto de herramientas “que no se terminan de comprender”, del que pueden derivar efectos imprevistos.

Las oficinas no suelen contar con equipos y software lo suficientemente actualizados, y en muchos organismos se evidenció que las máquinas se utilizan de manera compartida, no por cuestiones de economía racional, sino de falta de insumos.

Habiendo finalizado el ASPO, la mayoría de los organismos conserva trabajadores/as desempeñándose total o parcialmente desde sus domicilios con recursos propios, sin mantenimiento adecuado de sistema ni, particularmente, de antivirus.

Los puntos 1, 4, 6 y 7 fueron enfatizados desde el aspecto de la vulnerabilidad de los/as trabajadores/as al hacerse una introducción a la Decisión Administrativa 641/2021 JGM, la cual, en tutela de la seguridad de la información, promueve las sanciones contra los/as trabajadores/as sin tener en consideración que estos no cuentan ni con las herramientas físicas ni lógicas necesarias, ni con la debida inducción a las políticas de seguridad de la información de las jurisdicciones, ni con capacitación suficiente para el uso de ciertas operaciones. 

Propuestas:

Realizar campañas orientadas y acompañadas desde la perspectiva de los/as trabajadores/as para la sensibilización y difusión sobre derechos, responsabilidades y cuidados sobre temas de ciberseguridad.

Promover un acuerdo con el estado empleador para que la planificación, la implementación, y la evaluación de la aplicación y de los efectos de las herramientas tecnológicas, sea abordada a través de una instancia paritaria, ya que sus consecuencias no sólo alteran el modo de producción, sino que también pueden afectar: el ambiente digno de trabajo, la vida particular y familiar de los/as trabajadores/as. En este punto, se asentaron ejemplos dados sobre trabajadores/as concretos que, por vulneraciones a la seguridad de la información ajenas a su responsabilidad, terminaron involucrados en investigaciones disciplinarias internas y, en casos más extremos, penales. 

Impulsar desde el área de Innovación del Estado y desde las propias jurisdicciones, la creación de herramientas colaborativas de trabajo seguras, con servidores propios para garantizar la seguridad, la trazabilidad y la soberanía de la información.

2.- Sobre Gestión Electrónica.

Introducción conceptual.

La Gestión Digital es, sintéticamente, la posibilidad de realizar trámites, gestiones y celebrar actos administrativos por medios digitales con la misma validez y efectos que antes sólo otorgaban el papel, la firma manuscrita y los sellados.

Algunos ejemplos de la Gestión Digital son las notificaciones electrónicas (incluidos los correos electrónicos), los sistemas de expedientes electrónicos y los trámites a distancia.

Uno de los principales medios de gestión digital con los que nos desempeñamos los/as trabajadores/as estatales es el sistema de Gestión Documental Electrónico (GDE). Se trata de un sistema obligatorio para los/as trabajadores/as del sector público nacional cuya utilización es imprescindible para la realización de nuestra tarea diaria.

Algunas de las características más destacadas de la utilización de GDE son: no reconoce límites temporales ni espaciales, se encuentra siempre activo, y es un sistema en el que todo deja “huellas”.

Al usar GDE debemos tener en cuenta que al momento de crear nuestros usuarios y utilizar el sistema aceptamos sus términos y condiciones, y que esa aceptación y el uso del sistema nos pueden generar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Sobre nuestras acciones en GDE, vale enfatizar, podemos ser auditados en nuestro trabajo por parte de los Administradores del Sistema y sus Auditores.

Es muy importante tener presente que cuando trabajamos en GDE no “subimos documentos” (cual si fuera una foto en una red social) si no que creamos o emitimos, “vinculamos” actos administrativos o, incluso, validamos documentación. Consecuentemente, hay que reflexionar sobre la importancia de no divulgar o hacer públicas las claves de acceso a nuestros usuarios, ya que deberemos hacernos responsables por lo actuado en nuestro nombre. Loguearse en el sistema, es afirmar que somos nosotros entrando.

Debate y análisis:

Luego de analizar distintas herramientas y el marco normativo existente en la cuestión de la gestión digital, y siempre celebrando la importancia de aplicar la tecnología para facilitar y economizar la gestión, se observaron los siguientes puntos a tener en consideración para que este proceso (el de digitalización) sea realmente más eficaz y eficiente:

A la hora de implementar un sistema de gestión electrónica, hubiera sido recomendable la consulta previa de las áreas involucradas, particularmente, las administrativas.

La capacitación brindada tanto para su uso como para la comprensión de su lógica estratégica fue y es insuficiente.  

La ausencia de límites temporales y espaciales de estas tecnologías afecta el derecho a la desconexión.

La mayoría manifestó desconocer las implicancias de difundir sus claves de GDE, muchos, incluso, manifestaron que eran sus superiores quienes los instaban a compartirlas.

Hubo un gran alivio y agradecimiento de los participantes por haber logrado comprender las implicancias y riesgos que tiene tanto para la Administración como para las personas, una gestión incorrecta de estos sistemas. 

En algunos organismos se manifestó preocupación por la falta de integración al sistema de gestión electrónica de ciertas provincias, imposibilitando la interacción y la inclusión federal.

Propuestas:

Se propuso impulsar capacitaciones por área sobre los derechos, las responsabilidades y la correcta utilización de GDE.

Se expresó la necesidad de capacitaciones para el uso práctico de estas herramientas, pero que fuera de manera presencial, donde cada alumno/a pudiera ir ejercitando sobre una computadora (la mayoría de los cursos fueron online y con explicaciones mediante la exposición de plantillas del tipo Power Point).

No subordinar al “sistema” la distribución del trabajo. Esto en algunos casos da lugar a prácticas “dudosas”, como cuando, por ejemplo, se ordena a un/a trabajador/a no resolver un expediente, pero conservarlo como pendiente bajo su usuario; y, en otros casos, contribuye a la distribución inequitativa del trabajo.

Crear manuales de procedimientos que respondan a las necesidades de las áreas específicas y que estos sean notificados y explicados a los/as trabajadores/as y funcionarios/as para que luego rija un régimen de responsabilidad justo sobre el buen uso de los sistemas de gestión electrónica.

3.- Inteligencia Artificial para la Administración Pública.

Según la definición de la UNESCO, los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) son tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales.

Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, mediante la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el cálculo de correlaciones.

Al contrario a lo que se suele pensar, la tecnología en general y los sistemas predictivos o la Inteligencia Artificial en particular, no son neutrales. El uso y la programación siempre poseen objetivos, sesgos y tendencias. 

Esta característica de la IA impacta actualmente a nivel político con lo que se llama refuerzo de sesgos ya que las plataformas de búsqueda ofrecen materiales que coinciden, confirman y refuerzan nuestras creencias y posiciones, lo que favorece la polarización y la radicalización. A esto se suman las fake news y las deep fake news.

También es habitual pensar que la IA es transparente, pero esto es otro mito. La mayoría de las personas no sabemos lo suficiente sobre programación como para poder escrutar lo que sucede “detrás” de una app o de un sistema. Y es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no es un canal de transmisión de información, sino un sistema de procesamiento.

La IA puede ser una herramienta útil en el manejo de grandes datos y para facilitar la redacción de documentos, pero esto siempre debe ser bajo la supervisión de personas porque puede tender a profundizar brechas e inequidades, y porque no es infalible y puede reiterar decisiones erróneas si no hay control suficiente y oportuno.

Por otra parte, tampoco estas herramientas son la solución cabal a las demandas. El ejemplo más cercano son los chatbots o asistentes virtuales: Si bien estos pueden funcionar como un primer espacio de consulta, también es cierto que suelen frustrar a los/as ciudadanos/as por contar con pocas opciones, ser estancos, y en muchos casos globales. Por eso, las personas siempre deben tener la opción de optar por el contacto con trabajadores/as, ya sea de manera presencial o por cualquier otro medio.

La necesidad de sostener espacios de interacción es fundamental en la Argentina. En nuestro país existe un alto nivel de analfabetismo digital, y hay sectores que no cuentan con el conocimiento y experiencia habitual de interactuar con ese tipo de tecnologías. A eso se suma que parte de nuestra sociedad aún no accede a dispositivos electrónicos y a la conectividad necesaria para poder navegar por internet. Plantear como único canal el digital es excluir.

Asimismo, suele suceder que los sistemas de IA “prefabricados” destinados a la gestión de personal y a la relación con los/as ciudadanos/as no contemplan estilos locales ni los entornos culturales, y están orientados a eficiencia técnica sin contemplar diversidades culturales ni de colectivos.

Debate y análisis:

En este caso, al dialogar con los/as compañeros/as se hicieron visibles varias inquietudes, sobre las que resaltamos:

Preocupación por el circuito trabajo – tecnología – desempeño, en atención de las implementaciones absolutamente unilaterales y antidemocráticas que el Estado Empleador viene realizando en los procesos de “innovación”.

Las alteraciones impuestas en el modo de producción demandan capacitaciones y actualizaciones para el desempeño en nuevas funciones y tareas, que no se están dando ni con la eficacia ni con la eficiencia requeridas por las circunstancias.

Existe una clara preocupación entre los/as trabajadores/as públicos ante la palpable amenaza de que la digitalización de servicios y políticas públicas acentúe las brechas sociales.

Propuestas:

Dejar de lado los mitos sobre la neutralidad, la transparencia y la infalibilidad tecnológica, es fundamental para poder pensar qué tipo de herramientas digitales son útiles para mejorar nuestro trabajo y garantizar al pueblo argentino la gestión de servicios públicos que se merece.

En otros términos, nuestra propuesta es pensar en tecnologías convenientes, que son aquellas tecnologías de cualquier grado de complejidad y escala, producidas en el país o adquiridas en el exterior (pero con protección sobre los intereses nacionales) que tienen como misión mejorar la calidad de vida de la sociedad y respetar la naturaleza.

Para contar con las tecnologías convenientes debemos pensar cuáles son las nuevas competencias que la administración pública debe desarrollar y cuáles son los recursos y las necesidades presentes a nivel país y sobre cada dependencia en particular.

La participación de los/as trabajadores/as públicos en la selección, evaluación, adecuación y aplicación de estas tecnologías, no sólo es importante para garantizar el empleo y que éste sea en condiciones dignas, sino porque, fundamentalmente, estas tecnologías nos crean una nueva tarea: la de ser guardianes para que su implementación no agudice las brechas sociales existentes.

Desde esa lógica, se propuso la creación de una instancia de carácter de “observatorio” para encaminar los procesos de “modernización” o “innovación” de manera tal que resulten de una aplicación ética de la tecnología al servicio del pueblo.

Reflexiones generales.

“Esta tecnología o ninguna tecnología”, una falsa dicotomía.

Vemos que en el debate sobre la incorporación de las TIC al trabajo se pretende imponer un escenario en el cual sólo hay dos posiciones dicotómicas: “Es esta tecnología o ninguna tecnología”. De esa forma, o se acepta la actual situación, o se está en contra de la incorporación de nuevas herramientas al trabajo en el Estado. O se está a favor “del futuro” o se “quiere volver al pasado”. Así parece imposible cualquier aporte o crítica constructiva.

Para nosotros, por el contrario, lo único imperativo en el debate es sobre cuáles tecnologías son las convenientes para avanzar en el camino hacia la Justicia Social, garantizando la soberanía de nuestro país.

Las preguntas serían entonces: ¿Qué es necesario hacer? ¿Cuáles son las mejores herramientas para lograrlo? ¿Cómo aportamos los/as trabajadores/as en los procesos de innovación?

La tecnología no es neutral.

Como se explicó en el punto pertinente, contrario al mito sostenido y “exculpante” de que la tecnología y los sistemas de inteligencia artificial son neutrales, éstos encarnan objetivos, sesgos y tendencias.

Pero además, las tecnologías influyen en cómo nos comparamos.  Mientras supuestamente estamos hiperconectados, realmente estamos cada vez más aislados. Mientras supuestamente contamos cada vez con más información, estamos cada vez más desinformados. Mientras que las tecnologías deberían mejorar nuestra calidad de vida y hacer nuestro trabajo cada vez más llevadero, lo que realmente ocurre es que estamos cada vez más atareados y con la perpetua sensación de no contar con el tiempo suficiente. La soledad, el individualismo, la sobreexplotación laboral, la falta de definición de temporalidades y espacios para las tareas tienden a aislarnos y a ensimismarnos.

El rol de la organización de los/as trabajadores/as es fundamental para contrarrestar esa tendencia, porque la Unión busca crear lazos de solidaridad y compañerismo allí donde las tecnologías tienden a generar aislamiento y competencia. Esto no significa ser anti-tecno, sólo significa ser siempre humano.

Lo que UPCN ofrece, a través de esta comisión de trabajo, es un lugar de encuentro entre trabajadores/as con vocación de servicio que desean que “la innovación” sea un proceso tendiente a mejorar la calidad de vida del pueblo y no un nuevo molde que nos limite y nos encierre.

Procesos de innovación con participación de los/as trabajadores/as

La participación de los/as trabajadores/as en el desarrollo y la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas y procesos de innovación es fundamental, porque, además de contar con un alto nivel de experiencia, somos quienes estamos en contacto con las tareas y con las personas destinatarias de las políticas, por lo que no hay nadie que pueda prever mejor los desafíos, detectar los problemas cuando ocurren, crear y recrear soluciones para que todo funcione cada vez mejor. 

Una herramienta al servicio de las personas

La tecnología debe estar siempre al servicio de las personas. En el caso del Estado, debe ayudarnos y potenciar la labor de quienes trabajamos en él, y debe aportar para resolver problemas de nuestra población.

Nunca debe suplir al trabajo, y nunca puede ser un medio exclusivo. La tecnología en mano de los/as trabajadores/as y no en lugar de los/as trabajadores/as.

Somos nosotros los que tenemos el contacto permanente con la realidad. Entendiendo la diversidad, siendo inclusivos, buscando respuestas acertadas en cada uno de esos contextos.

Es necesario contar con una mirada humanista de la gestión pública para poner de manifiesto la centralidad de las personas, su creatividad y la sensibilidad que ninguna Automatización o Inteligencia Artificial podría proporcionar.

A estos desafíos debemos sumar una mirada tecnoética de manera prioritaria, crear espacios de discusión intersectoriales e interdisciplinarios que piensen estos temas.

Por otra parte, hay que tener presente que la cultura organizacional no se modifica con resoluciones o decretos, y que cuando se pretende hacer cambios de gestión, somos las personas quienes lo hacemos posible y sostenemos en el tiempo.

UPCN es ese espacio de debate e intercambio, donde se toman las experiencias de años atrás, se potencian y mejoran, porque la memoria viva del estado está en sus trabajadores/as. Sabemos lo que funcionó, lo que no y lo que es necesario.

Inclusión digital

Suele pensarse que la inclusión digital es sólo la distribución de dispositivos electrónicos, pero es mucho más que eso. La Inclusión Digital es también el derecho de todas las personas, incluidos los/as trabajadores/as en su ámbito, a participar en el proceso de innovación tecnológica del país.

Soberanía

Garantizar la seguridad de la información de nuestros/as ciudadanos/as y de nuestro estado es en la actualidad una forma de garantizar nuestra soberanía. Es necesario poder desarrollar nuestras propias herramientas para garantizar la conectividad local y la seguridad de la información estratégica.

Sabemos que contamos con personas capacitadas para poder impulsar estos desarrollos. Es necesario ponerlo entre las prioridades de acción.

Capacitación democrática.

Los congresos y espacios de interacción como el presente promueven y facilitan la comprensión donde aún el nivel de desconocimiento es importante.

Garantizar que los/as trabajadores/as públicos, a través de los sindicatos, tengamos incidencia en los planes de capacitación y formación sobre las cuestiones relacionadas con el proceso de “innovación”, es una obligación en cabeza de todo aquél que funde su desempeño en la defensa de lo público, la soberanía nacional y la justicia social.

Si querés ser parte de la comisión sobre Administración Pública, Innovación y Trabajo, envianos un correo a upcnprofesionales@gmail.com