“La administración y el gobierno están a disposición del control permanente del pueblo que es quien nos da la autoridad y el mandato.”  Juan Domingo Perón.

En vista de la situación actual que enfrenta nuestro país, es crucial que como trabajadores/as públicos/as desempeñemos un papel activo y pongamos en marcha toda nuestra voluntad transformadora para la creación, desarrollo, e implementación de políticas públicas que aborden las necesidades de nuestra sociedad.

Para lograr esto, es necesario comprender el estado actual de la situación y encarar los viejos y los nuevos desafíos.

También debemos respaldarnos en nuestro conocimiento acumulado y valorarlo, convirtiéndonos así, en actores principales y constantes en la implementación de políticas públicas.

De igual forma, el Estado debe intervenir de manera activa adoptando un enfoque federal en la gestión de políticas que promuevan el acceso a los servicios públicos esenciales, en nuestro caso el servicio de energía eléctrica.

Por ello, es fundamental que se promueva la divulgación y difusión en los diferentes sectores sociales, de todas las normas que garantizan el acceso al servicio de distribución eléctrico, redundando esta divulgación y su toma de conocimiento por parte de los usuarios, en el desarrollo de un servicio de calidad y seguro para todos/as, donde el consumidor eléctrico conozca con precisión las obligaciones de las empresas y sus derechos como usuarios.

Como sindicato que representa a los y las trabajadores del Estado, creemos firmemente que toda cuestión que hace a la calidad de vida humana es de nuestra incumbencia y de nuestro interés connatural.

Por lo tanto, es vital que trabajemos juntos, trabajadores/as públicos/as y Estado, para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, donde se garanticen el acceso a servicios y prestaciones necesarias para el desarrollo de todos/as.

Puntos de vista

En estos últimos tiempos, el estado ha realizado esfuerzos para que la inclusión social de los usuarios no se vea avasallada con políticas monopolistas; realizar una distribución más homogénea entre los/as ciudadanos/as e interactuar en forma conjunta con los principales actores, es decir usuarios, empresas generadoras, transportistas y distribuidoras del sector energético.

En el contexto vigente es necesario una mayor inversión social de las empresas del sector energético.

El Estado deberá generar por medio de sus gobernantes y sus trabajadores/as, en conjunto con las empresas del mercado eléctrico, las condiciones proclives a aseverar la implementación de políticas públicas que lleven en su esencia los ejes de una Responsabilidad Social.

Debemos tener siempre presente que un ente regulador de servicios públicos tiene como tarea prioritaria encontrar un equilibrio entre la calidad del servicio , la seguridad eléctrica, y el servicio comercial, que debe brindar una distribuidora y sus  costos asociados a esa calidad para poder definir una tarifa óptima, razonable y sustentable, y una vez definido ese equilibrio, desarrollar la capacidad técnica que permita detectar y evaluar en forma eficiente eventuales desviaciones a esos parámetros.

Es de recordar que la Ley 24.065, reguladora de la actividad, en su artículo 56, inciso k dice que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad deberá: “Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación transporte y distribución de electricidad”.

También remarca la Ley 24.065, en su Artículo 16 donde dice: “Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno a la seguridad pública (…)”

El ENRE en su rol de regulador, requirió a las empresas concesionarias bajo su jurisdicción, tanto en distribución como en transporte de energía eléctrica, la aplicación de sistemas de calidad que denominó “Sistemas de Seguridad Pública”, asimismo el ENRE desarrolló su propio Sistema de Gestión de Calidad para la regulación y control de las empresas concesionarias en los temas de seguridad pública, para gestionar armoniosamente todos los aspectos de la seguridad pública adoptando como eje la prevención y la mejora.

Las redes de distribución, basadas en estas premisas de prevención y mejora, y que abastecen a los usuarios formalizados es instalada, operada y mantenida por la empresa concesionaria, cumpliendo con los parámetros establecidos en la regulación. Es decir, se les suministra energía eléctrica con calidad y seguridad controlada.

Pero dable es destacar que, en los barrios carenciados, ya sea con medidores comunitarios o con conexiones precarias a la red pública del servicio eléctrico carecen tanto de la calidad como de la seguridad.

Por lo tanto, si miramos el dato de la cobertura del servicio eléctrico desde un punto de vista de los derechos humanos, nos dirá que tenemos en esta área al menos, un déficit de cobertura en igualdad de condiciones que se debe solucionar.

En otro aspecto regulatorio y como consecuencia de las características geográficas y socioeconómicas del país, en el contexto de lo que refiere a las redes de Transporte de Energía Eléctrica, tales como la ubicación de las fuentes de energía y de los consumos principales, se ha desarrollado un sistema de transporte del tipo radial que cubre grandes distancias, con demandas concentradas y plantas de generación importantes alejadas de los principales centros de consumo.

Para el futuro, se evidencia la necesidad de realizar una revisión de la normativa vigente, redefiniendo  las ampliaciones del sistema de transporte, con el objetivo de un desarrollo eficiente, previendo en el marco de una política energética nacional.

La expansión del Sistema Eléctrico, se encuentra limitado por la Ley 24.065 la cual debería ser repensada y/o adecuada para que permita establecer una norma que involucre a todos los agentes del MEM –y no solamente al Estado Nacional en la inversión y desarrollo del SADI.

Para el futuro, se evidencia la necesidad de realizar una revisión de la normativa vigente, redefiniendo la responsabilidad de los actores en la realización de las ampliaciones del sistema de transporte, con el objetivo de un desarrollo eficiente, previendo las necesidades futuras en el marco de una política energética nacional.

En lo referente a la Calidad Comercial de las Empresas y sus Sistemas de reclamos , el ENRE en cumplimento de su objetivo de protección, y cuidado de los usuarios de la energía eléctrica , ha avanzado  hacia una  facilitación de acceso a los sistemas de reclamos , ya sean estos Reclamos por Falta de Suministro Eléctrico; Reclamo por Facturación ; Reclamos por falencias en  Calidad Comercial  de las Empresas prestatarias ; Reclamos por Calidad de Producto Técnico; Reclamos por Calidad de Servicio Técnico ; Reclamos por Daños en artefactos; Reclamos por Cortes Reiterados, Reclamos por Cortes Prolongados ; Reclamos por Incidentes de Seguridad Pública ; Reclamos Ambientales; Reclamos de Usuarios Electrodependientes; Reclamos relacionados a la Tarifa Social, etc.

Ha de considerarse que la variedad de posibilidad de reclamos disponibles para los usuarios, implica la coexistencia de reclamos de rápida respuesta y solución (ej.: falta de suministro), y otros que necesitan de un tratamiento administrativo-técnico- jurídico, que conlleva más tiempo en su respuesta y solución (Ejemplo: Reclamo por daños en artefactos).

En la actualidad el ENRE cuenta con canales electrónicos, con atención presencial y herramientas regulatorias para la atención de las muchas problemáticas que afectan a los usuarios, y posibilitan de manera competente procesar esta información, permitiendo así establecer límites e incentivos para determinar la calidad brindada y por ende dar las señales correspondientes al distribuidor para la corrección de eventuales desviaciones.

Bien cierto es, y dable de enfatizar que, al transcurrir del tiempo, la cantidad de reclamos sufrió un incremento exponencial. Es destacable que desde el ENRE se fueron adoptando nuevas normas regulatorias y medidas operativas, que han permitido la atención de la totalidad de usuarios que tomaron comunicación con este Ente, aunque todavía falta seguir trabajando en ese sentido.

Por lo cual, lo normado a tal fin, debería quedar explícito en una futura reformulación de la ley que regula la actividad.

En el contexto de la regulación del servicio comercial de las empresas se ejerce un control ex -post. y de encontrarse incumplimientos es sancionada de acuerdo con lo que estipula el contrato de concesión, es decir se actúa en consecuencia y no sobre las causas.

El ex-ante debería ser parte del modelo de control.

Las empresas a instancias del ENRE también han desarrollado sistemas, en sus redes sociales, que permiten al usuario realizar sus reclamos. Siendo esto una mejora en atención.

Estamos en condiciones de afirmar que no puede haber una verdadera inclusión, con servicios de primera necesidad obsoletos para una sociedad que es dinámica, en constante cambio y avance demográfico.

Hacemos notar que es sumamente importante fortalecer la presencia sólida y eficiente del Estado en el territorio con personal experimentado y capacitado que pueda abordar con eficacia las diferentes problemáticas que sufren los usuarios con relación al servicio de electricidad.

En este sentido cabe mencionar que las distribuidoras son las que tienen trato directo y permanente con la totalidad de los usuarios y por ello, la eficiencia en su gestión técnica y comercial determinará el nivel de aceptación por parte de la sociedad del servicio que recibe.

Conocemos perfectamente las implicancias que producen un mal servicio sin importar a quién o en dónde se lo brinde y el malestar social que produce la falta de respuestas por parte de quienes lo brindan o de quienes tienen la obligación de controlarlo.

Por ello, una eficiente gestión presencial del ENRE que obligue a las empresas a brindar los niveles de calidad dentro de los parámetros definidos oportunamente, es de suma importancia para que el grado de aceptación de la población sea lo más alto posible, siempre dentro de un marco de sustentabilidad del sistema.

Por otro lado, en el escenario actual es necesaria una mayor Inversión Social de las empresas del sector energético. Donde el Estado en su conjunto, genere por medio de sus gobernantes, las condiciones proclives a aseverar la implementación de políticas públicas que lleven en su esencia los ejes de una Responsabilidad Social.

Por todo lo arriba expresado se entiende que el ENRE debe estar a la altura de las circunstancias, y para ello es necesario la realización de un reordenamiento de las misiones y funciones de algunas áreas encargadas de las tareas de control y regulación, en especial aquéllas que se encargan de controlar y monitorear la calidad del servicio y la calidad del producto, en todos sus aspectos.

En este proceso no debe de faltar el criterio de la prevención regulatoria.

Este reordenamiento deberá ir acompañado de la incorporación de nueva tecnología, modernización de algunos procedimientos y la constante capacitación de todos los agentes que estén involucrados en las diferentes tareas.

En este sentido, habrá que poner especial atención en sectores del organismo dedicados a los temas que involucran desde lo que implica las cuestiones del Transporte de la Energía Eléctrica; la Atención de Fallas técnicas del Servicio; las de Relaciones con todos los actores de la comunidad; lo referente a la seguridad eléctrica; lo inherente a los reclamos de usuarios; y lo correspondiente a la calidad de servicio comercial.

Con notable aseveración decimos que es prioritario e indispensable que el ENRE desarrolle y ejecute una serie de acciones tendientes a producir un cambio profundo, transformador y conceptual en la forma de tratar estos temas.

Es decir, es necesario realizar una adecuada revisión tarifaria; la constitución de una estructura moderna y eficiente con un enfoque específico sobre todos los temas relacionados con la comercialización, la calidad de producto y calidad de servicio eléctrico, con nuevos procedimientos y normas.

PROPUESTAS

?      Reorientación de la inversión de las empresas con mayor perspectiva social, para lograr una mejor equidad en la prestación del servicio eléctrico.

?      Revisión de la ley que regula la actividad, haciendo énfasis en las cuestiones técnico-jurídicas, en el ámbito del transporte de energía eléctrica.

?      Revisión de la Ley para lograr una mejor y mayor equidad de asistencia a los usuarios con problemas de calidad de servicio y de producto técnico, en el ámbito de la distribución de energía eléctrica.

?      Control y seguimiento de las Redes Sociales de las empresas distribuidoras, donde los usuarios efectúan sus reclamos, potenciando una resolución rápida y correcta   de los mismos.

?       Creación de un sistema de reclamo en primer contacto.

?      Optimización de la resolución de reclamos on line con la distribuidora.

?      Elaboración de procedimientos que faciliten las acciones ex-ante en los aspectos regulatorios.

?      Activar procedimientos que acorten los tiempos de resolución de reclamos de los usuarios.

?      Elaboración dentro de la próxima revisión tarifaria, la cual se debe contener e impulsar el sentido social, debiendo hacerse las modificaciones a los indicadores actuales y proponer la incorporación de algunos nuevos que permitan medir y evaluar en forma moderna y certera la gestión comercial de las empresas incorporando nuevos procesos utilizados con éxito en diferentes países.

?      Impulso con determinación de políticas de acercamiento y contención a la comunidad, ya sea en forma directa y presencial, o a través de sus organizaciones intermedias.

?      Fortalecimiento de la presencia sólida y eficiente del Estado en el territorio con personal experimentado y capacitado que pueda abordar con eficacia las diferentes problemáticas que sufren los usuarios con relación al servicio de electricidad.

?      Incorporación de nuevas tecnologías afín de actuar preventivamente en la regulación.

?      Capacitación del personal en forma permanente y asidua, en cada tema específico dentro de sus funciones y en el uso de las herramientas informáticas modernas que hoy son indispensables para desarrollar esta actividad.

En resumen, es fundamental que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad se adapte a los desafíos del presente y del futuro. Estos cambios y/o reformas, incluso replanteos estructurales, son necesarios e implican una revisión integral de las políticas públicas del ENRE, una mayor inversión social de las empresas y una mejora continua en la calidad y equidad del servicio eléctrico para todos los ciudadanos.

”Mirar desde adentro la evolución o involución de la cosa pública y aportar conocimientos con voluntad transformadora, para una mejora continua del Estado es el privilegio, el compromiso y la responsabilidad, que cumplimos los trabajadores/as públicos/as como columna vertebral del Estado.”      Daniel Ríos