Si bien la excusa del golpe del 24 de marzo, fue combatir a la guerrilla, a los pocos días va a quedar claro que el objetivo era imponer el modelo económico liberal, y como condición necesaria, debilitar al movimiento obrero organizado.

Jorge Rafael Videla, en el Documento de Trabajo sobre las Bases Políticas para la Reorganización Nacional, expone: “Deben dictarse las leyes fundamentales de Asociaciones Gremiales de Trabajadores (...) Es necesario quitar a estos organismos el poderío económico que proviene de la acumulación de riqueza, dado que, cuando este se agrega a la fuerza gremial, corrompe la función de sus dirigentes e instituye poderío político”

El 1 de abril de 1976 la primera resolución adoptada por el nuevo ministro de Trabajo, Horacio Tomás Liendo, consistió en la intervención de 12 importantes organizaciones sindicales: Federación de Obreros Telefónicos, Unión Obrera Metalúrgica, Unión Obrera de la Construcción, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Sindicato de Petroleros del Estado, Asociación Obrera Textil, Federación de la Industria de la Carne, Federación de Vendedores de Diarios, Federación de Estibadores Portuarios, Sindicato de Mecánicos y Afines, Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales, Sindicato de Empleados y Obreros Petroquímicos de Rosario.

Una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial. Llamativamente tres leyes fueron sancionadas por decreto el mismo día del golpe, lo que habla de una planificación detallada de las medidas contra el movimiento obrero: la Ley 21.261 que suspendió el derecho de huelga; la Ley 21.263 que eliminó el fuero sindical y la Ley 21.259 del 24 de marzo de 1976, que reimplantó la Ley de Residencia, en virtud de la cual todo extranjero sospechoso de atentar contra la “seguridad nacional” podía ser deportado; las tres con fecha 24 de marzo de 1976.

Mas tarde se sancionaron : la Ley 21.356 de julio de 1976 , que prohibió la actividad gremial, es decir asambleas, reuniones, congresos y elecciones, facultando al Ministerio de Trabajo a intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles. La Ley 21.400 del 9 de septiembre de 1976, denominada de “Seguridad industrial”, que prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano, baja de la producción, estableciendo penas de hasta diez años de prisión. La Ley Sindical 22.105 sancionada el 15 de noviembre de 1979, derogó la de Asociaciones Profesionales 20.615 dictada por el gobierno constitucional previo, y terminó por legalizar la intervención extrema del estado dictatorial, socavando las bases institucionales y financieras del poder sindical.

El comunicado Nº 58 de la Junta Militar dispuso la intervención de la CGT. Luego se designó un interventor militar que ocupó la sede central de la CGT. Ese cargo fue renovado periódicamente, nombrándose a otros jefes del Ejército para cubrirlo.

Según le cuenta Videla a Reato: “la “Operación Bolsa” consistía en una lista con el detalle de domicilios y demás datos de una equis cantidad de personajes que tenían cierto prestigio, una cierta ascendencia, como para generar reacciones contra nosotros. Al final no pasó nada. Eran unas cuatrocientas personas que fueron enviadas al barco 33 Orientales hasta junio (…) luego unas treinta fueron enviadas a la prisión de Magdalena. Fue un golpe incruento (sic) no se disparó un tiro. Nosotros pensábamos en la posibilidad de una reacción, sobre todo del gremialismo más ortodoxo, más peronista, pero no paso nada, tal vez por la eficacia de esta “Operación Bolsa.”

La primera detenida en la “Operación Bolsa” fue la Presidenta Isabel Perón, que pasó cinco años presa. También cayeron entre otros: el Secretario de Prensa de la Presidencia Osvaldo Papaleo, los gobernadores Carlos Menem, Deolindo Felipe Bittel, los ministros José Alberto Deheza, Pedro Arrighi y Miguel Unamuno; Antonio Cafiero, Guido Di Tella, Norma López Rega, Raúl Lastiri, Rafael Cichello, Juan Labaké, Adolfo Phillipeaux, los sindicalistas Lorenzo Miguel, Diego Ibáñez, Jorge Triacca, Rogelio Papagno, Pedro D’Attoli, Lesio Romero, entre otros.

Según el informe de la CONADEP sobre detenidos a disposición del Poder Ejecutivo (PEN) en los primeros nueve meses de 1976 se detuvieron 3485 personas; y en 1977 otras 1264 más.

En realidad fueron unos 4000 los detenidos “en blanco” los meses posteriores al golpe. Aunque probablemente la noche del 24 la cifra haya sido cercana a lo que dijo Videla. En todas las provincias detuvieron un grupo de funcionarios, legisladores y sindicalistas peronistas.

Dentro de estos 4000 detenidos hubo una cantidad importante de sindicalistas que fueron encarcelando por distintas causas, muchos acusados de tenencia de armas y otros de actos de corrupción.

Tanto los dirigentes como los trabajadores afiliados a las corrientes más combativas del sindicalismo fueron uno de los blancos de la represión dictatorial, en su mayoría fueron encarcelados, desaparecidos, o condenados al exilio externo o interno.

En el sindicalismo tradicional, nucleado en la CGT y 62 Organizaciones Peronistas, que constituían la base de apoyo del gobierno peronista, hubo dos líneas de acción. Por un lado, un sector de dirigentes que cultivaron una relación de cercanía con la dictadura, y por otro, líderes moderados cuya posición se fue radicalizando. Aunque no fueron bloques homogéneos, porque a veces, acercamiento o confrontación, eran parte de una misma estrategia. Y en algún momento dirigentes participacionistas pasaban a confrontativos y a la inversa.

Esto también hay que ponerlo en contexto político del periodo anterior al 24 marzo del 1976, dentro y fuera de la actividad sindical. En el marco estrictamente sindical en periodo 73-76 hubo dos corrientes: la mayoritaria de los sindicatos más fuertes alineados con el gobierno peronista, y otra de sectores de izquierda en algunas seccionales, enfrentados a las políticas del gobierno.

Y en el plano político, la guerrilla había caracterizado como enemigo a la llamada “burocracia sindical” y sus dirigentes eran blanco de atentados, al igual que empresarios y militares. Y, no en pocos casos, algunos sectores sindicales usaron la violencia al margen de la ley, contra quienes calificaban como sus enemigos. Esta situación creó una zona gris, donde sindicalistas y militares se mostraban como aliados.

Hay poco escrito sobre el papel de resistencia a la dictadura del movimiento obrero organizado. Uno de los trabajos más interesantes pertenece al jesuita Jacinto Luzzi, un protegido de Jorge Bergoglio. Lleva por título “El Sindicalismo Argentino hace camino al andar”. Lo firma el R.P. Jacinto Luzzi, S.J., director del Centro de Promoción Sindical del CIAS, y los dirigentes sindicales Víctor De Gennaro (estatales) y Fernando Galmarini (prensa).

Voy a reproducir parte de ese informe, porque tiene la virtud de haber sido escrito por protagonistas de la lucha sindical y todavía en dictadura en el año 1981.

“Los sucesos del 24 de marzo de 1976 no son el factor desencadenante. La crisis ya se venía gestando. Marzo del 76 corona simplemente un proceso de desgaste, en el que elementos endógenos y exógenos al movimiento obrero organizado, van minando su capacidad de reacción sana y equilibrada. Esa fecha marca el comienzo de una seguidilla de vicisitudes que afectan profundamente al movimiento de los trabajadores. A partir de entonces, nuevos y drásticos embates arrinconan peligrosamente contra las cuerdas de la crisis al sindicalismo argentino. Hablamos de "crisis" del sindicalismo, no de meras dificultades o trabas coyunturales, por más severas que se las considere. No se trata sólo de una tormenta de verano. La situación es más grave. Hay oscuridad, no se ve claro, todo está cuestionado y se vive con la sensación de que el piso se mueve bajo los pies.” “La misma organización sindical, que tendría que ‘vencer al tiempo’, se desarticula y derrumba. Es el momento de ‘desensillar hasta que aclare’, pero mientras, no vender el caballo.”

“En 1974, la clase trabajadora había quedado huérfana de conducción. Con el golpe militar del 76, se ve además frustrada en sus aspiraciones. Aunque tiene en su haber una larga trayectoria de lucha, se repliega y no enfrenta al nuevo gobierno. No quiere ser pan comido ni entregarse en bandeja. En 1955 había pagado tributo con la sangre de muchos compañeros al salir a pelear a la calle, sabiendo que perdía. En 1973 había visto a los compañeros chilenos sacrificarse inútilmente desafiando al régimen. Algo similar había acontecido en Uruguay. Gracias a esa experiencia, marzo del 76 encuentra mayor madurez en la clase trabajadora. De allí la actitud de replegarse porque no existen condiciones políticas que permitan la confrontación con el gobierno, ni vale la pena ‘regalarse’ en un enfrentamiento con las fuerzas armadas.”

“Esa actitud surge de la correcta evaluación de las relaciones de fuerza, y de la falta de una conducción en la que los trabajadores confiaran plenamente. No es el temor el que inspira ese repliegue de los trabajadores. Los movimientos de fuerza de fines del 76 y la reafiliación sindical de principios del 77, confirmarán nuestra interpretación.”

“En su ataque al movimiento obrero, el gobierno militar no comete ahora los errores de 1955, cuando se intervinieron todos los sindicatos. Esta vez, además de la CGT, se intervienen sólo los principales, como UOM, SMATA, Textiles y UOCRA, del sector privado; y Ferroviarios, Luz y Fuerza, Vialidad Nacional y SUPE, del sector estatal. Al parecer, con estas intervenciones se pretende coartar a los sindicatos del sector privado e impedirles toda defensa eficaz del gobierno anterior.”

“Con respecto a los gremios estatales, se busca quebrar su capacidad de respuesta a la política que va a implementarse. So pretexto de subsidiariedad, se proyecta la privatización de las empresas estatales y la desarticulación de las experiencias participativas de sus sindicatos.”

 “En el marco de esta política del nuevo gobierno, gran número de asociaciones profesionales queda en manos de los dirigentes elegidos antes del 24 de marzo, a saber, aquellos que podrían ser rápidamente sometidos, en caso de protesta, por pender sobre ellos la espada de Damocles de la intervención militar. Esto se hace más evidente un año después, cuando comienzan a caducar los mandatos eleccionarios. El Ministerio se transforma entonces en el instrumento que otorga legalidad a los dirigentes, prorrogando o no cada mandato.”

“Fomenta así la polarización de las dos actitudes básicas de los dirigentes, forzándolos a negociar para ‘salvar las organizaciones’ o para ‘cuidar los muebles’, como se decía del gobierno de Petain bajo la ocupación nazi. El repliegue frente al gobierno militar, no significa que la clase trabajadora haya perdido su espíritu combativo. Estad prohibidas las actividades sindicales salvo las meramente administrativas.”

“Las huelgas y otras medidas de acción directa son equiparadas a las prácticas subversivas porque perjudican la producción nacional. A pesar de todo ello y de la ley de prescindibilidad, de las detenciones y desapariciones, ya en el último cuatrimestre del 76 se producen paros en diversos sectores laborales, especialmente de los estatales. Trabas en el funcionamiento de las empresas, trabajo a desgano y huelgas se suceden en Luz y Fuerza, Ferrocarriles, Vialidad, etcétera.”

“Por el Decreto 385, de febrero del 77, el Gobierno busca debilitar las organizaciones de los trabajadores, privándolas de los aportes de los no afiliados y exigiendo la reafiliación para continuar en los sindicatos. Es decir, pretende dejarlos sin plata y sin gente. En cuanto a dejarlos sin plata, el pretexto subyacente es que no se puede imponer contribuciones a los no afiliados, olvidando que éstos también se benefician de las conquistas logradas por el sindicato. En cuanto a dejarlos sin gente, la presión y los temores del momento se añaden a la convicción de que los dirigentes obreros son una camarilla sin respaldo real.”

“Una reafiliación poco numerosa mostraría su escasa representatividad. Sin embargo, los trabajadores se reafilian masivamente. Más aún, en algunos sectores aumenta el porcentaje de afiliados. Esto demuestra claramente que la clase trabajadora, a pesar de la represión y los inconvenientes, legitima, no tanto a los dirigentes cuanto a los sindicatos mismos, como instrumentos válidos para la defensa de sus intereses. Expresan además con ello una protesta contra la ilegalidad a que están sometidos. Vemos en esto un síntoma de la madurez de conciencia social alcanzada por los trabajadores. Si el repliegue ante el nuevo gobierno denotaba de algún modo la actitud negociadora, los conflictos de fines del 76 y la reafiliación sindical a comienzos del 77 señalan la actitud de enfrentamiento.”

El Buenos Aires Herald, en su editorial del 18 de octubre de 1976, decía: "El resultado de la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza, será el que decida quién está gobernando el país: las Fuerzas Armadas o los sindicatos peronistas. Un importante principio está en juego: ¿es el gobierno militar lo suficientemente fuerte como para imponer su voluntad al poderoso sindicato?”

El editorial de octubre de 1976 del Buenos Aires Herald (que se editaba en inglés) era revelador del pensamiento del establishment de la época. Luz y Fuerza fue y sigue siendo uno de los gremios más poderosos de la Argentina. En esos años tenía 60 mil afiliados en todo el país, varios hoteles de turismo social, red de centros de salud, cooperativas de vivienda y consumo. Se suele decir “tienen el poder de bajar la palanca”, y dejar sin luz a una ciudad o el país entero. Su convenio colectivo mantiene condiciones de trabajo que no tienen otros sectores, y sus salarios siempre están muy por encima de la media.

Por lo tanto, el choque de Luz y Fuerza con la dictadura de Videla-Massera en los primeros meses de su gobierno, no era un tema menor. Como bien lo describía el Buenos Aires Herald, ponía en juego todo el poder dictatorial. No era la guerrilla la que ponía en peligro el poder de los militares, era justamente el movimiento obrero organizado, y a través de un sindicato que no era de izquierda, sino que estaba dirigido por la lista Azul y Blanca de larga tradición peronista. Esto explica porque, finalmente Luz y Fuerza, pagó la afrenta con el secuestro y asesinato del principal dirigente del conflicto el “Gato” Oscar Smith.

Oscar Smith había ingresado a SEGBA en 1958, se afilió al sindicato y participaba como un militante más. En 1963 fue elegido delegado y luego fue escalando posiciones. En 1974 fue electo Secretario general del Sindicato Capital, llevando de mano derecha a Oscar Lescano. Construyó una modesta casa en Villa Dominico donde vivió hasta el día que fue secuestrado. Quienes lo conocieron lo describen un hombre de gran inteligencia y simpatía, un luchador incansable que estaba en permanente contacto con sus bases. Un hombre humilde que le disgustaba rodearse de custodios o pesados, en momentos en que la “burocracia sindical” era blanco de ataques de la guerrilla.

La empresa estatal SEGBA, era quien brindaba el servicio eléctrico, en el área de lo que hoy es Edenor y Edesur. En los planes de Martínez de Hoz estaba la racionalización de empresas públicas, que incluía el despido de trabajadores. En el reparto interno del gobierno el área de empresas eléctricas, había quedado para la Marina, el interventor de SEGBA era el Contraalmirante Héctor Imposti.

Luz y Fuerza era uno de los gremios intervenidos por los militares. En una negociación con Liendo, el gremio logró que la intervención de Luz y Fuerza, quedara a cargo del coronel de Ejército, Héctor Saumell, cercano al general Viola, catalogado como el sector blando de la dictadura, evitando así un interventor pedido por Massera.

Smith había vuelto a su puesto en el Centro de Cómputos de SEGBA un día después que se concretará la intervención. Todas las mañanas llegaba a las oficinas de Alsina al 600 a las 7 y cumplía horario hasta las 13.

El lunes 4 de octubre, llegaron los telegramas de despido de 264 trabajadores, de la empresa SEGBA, entre los que se contaban todos los miembros de la conducción sindical, delegados y activistas, incluido Oscar Smith. Reunido el Consejo Directivo de Luz y Fuerza en clandestinidad resuelve convocar un paro con movilización para el día siguiente frente al local sindical en Defensa y Belgrano. Más de mil trabajadores se movilizaron pacíficamente, ante un amenazante despliegue de la Policía Federal.

Los trabajadores iniciaron una mecánica de lucha de trabajo a reglamento, o trabajo a tristeza, es decir el incumplimiento de habituales ritmos laborales. A veces, irrumpían tropas militares en los sectores de trabajo, y a los gritos, intentaban acelerar las tareas. Los trabajadores no ofrecían resistencia, pero se movían con una lentitud que exasperaba a los oficiales al mando, hasta que se cansaban y se retiraban. En simultáneo, aparecían pequeños desperfectos en máquinas y líneas, que no se podía distinguir, si eran accidentes normales o sabotajes.

“Acá nos jugamos la vida, sobre todo nosotros, que somos la conducción. Tenemos que estar dispuestos a ir hasta el final. Porque para un sector del gobierno, es tan importante atropellar a los sindicatos cómo atacar a la subversión. Y el primer sindicato que está en la mira es el nuestro” dijo Smith en la reunión del Concejo Directivo.

El viernes 8 de octubre fueron secuestrados tres trabajadores de Luz y Fuerza: Vicente Francisco Seijo, Oscar Mere y Oscar Polizzo. El sindicato reaccionó rápidamente y más de diez mil trabajadores se concentraron frente a diferentes espacios de la empresa. A los dos días, aparecieron con marcas de golpes y torturas. Pudieron inferir que fueron detenidos por la Marina y que habían sido torturados en la ESMA.

El conflicto siguió con la misma mecánica de trabajo a tristeza. En simultáneo, los dirigentes mantenían negociaciones permanentes con distintos funcionarios del gobierno militar. Dentro del gobierno, Massera era quien se mostraba más intransigente, porque además las empresas eléctricas pertenecían a su área de incumbencia.

El 25 de octubre volvieron a llover los telegramas de suspensiones. Esta vez fueron 500 sancionados, haciendo foco en quienes habían participado en las protestas y medidas de fuerza. Volvieron las asambleas, las volanteadas y los “accidentes” de instalaciones.

El comunicado Nº 6 de la Junta Militar precisaba que: “los delincuentes subversivos tratarán de alterar la paz en el territorio nacional aprovechando el conflicto existente en la empresa SEGBA y extendido a todo Luz y Fuerza.” Quién conociera la vida interna del sindicato sabía que el comunicado militar faltaba la verdad. El conflicto era llevado adelante por los militantes y delegados de la Lista Azul y Blanca peronista, históricamente ligada al participacionismo, antes que a cualquier posición contestataria.

El 28 de octubre, La Opinión titulaba en tapa: “El Poder Ejecutivo prevé la movilización del personal de SEGBA e Ítalo.” “Fue dispuesta la vigilancia y protección de los servicios eléctricos y la detención de saboteadores y activistas.” “El gobierno nacional resolvió establecer la vigilancia y protección de los objetivos del servicio eléctrico, y prever la detención de todo trabajador de las empresas, o personas, que actúan en acción de activista instigador o saboteador, y someterlo a la justicia ordinaria. La medida fue adoptada a raíz de la reiteración de las medidas de fuerza en las empresas SEGBA y Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. En la víspera tendió recrudecer el trabajo a desgano en las empresas eléctricas. Según fuentes sindicales estas medidas son una respuesta a decisión empresaria de suspender a casi 500 trabajadores de Agua y energía.”

Durante todos estos meses los dirigentes de Luz y Fuerza vivían prácticamente semi-clandestinos, cambiando de sitios donde dormir todas las noches. El periodista Enrique Llamas de Madariaga, amigo de Smith, le conseguía alojamiento con gente del espectáculo, incluso Lidia Satragno, “Pinky” alojó en su casa varias veces a Smith.

El conflicto siguió noviembre y diciembre. A fin de diciembre de 1976, Smith logró la libertad de 60 sindicalistas presos, entre ellos Adalberto Wimer, que había sido encarcelado el mismo 24 de marzo de 1976.

Entre asambleas y negociaciones, siguió la discusión por reponer el convenio colectivo, que había sido derogado de facto. Finalmente, con la intervención de Martínez de Hoz, a través del funcionario de Economía Tiburcio Padilla, el 8 de febrero se llegó  a un principio de acuerdo entre el gobierno y el sindicato. Oscar Lescano anunció un cese de hostilidades, y el grupo directivo bajó la guardia, volviendo a dormir en sus domicilios habituales.

En la mañana del 11 de febrero cuando salía de su casa de Villa Dominico para viajar ese mediodía Mar del Plata a reencontrase con su esposa e hija, dos Ford Falcon con individuos jóvenes que vestían jeans y zapatillas, bloquearon el auto de Oscar Smith y lo bajaron a golpes de culatazos. Él, junto a doce delegados de Luz y Fuerza, también secuestrados, no apareció nunca más.

Todas las conjeturas llevan a la responsabilidad de los marinos de Massera, pero todavía hoy, no existen evidencias, del paso por alguno de los centros de detención clandestina de Smith.

Presos por hablar sin autorización, detenciones ilegales, lucha y negociación en defensa del salario y condiciones de trabajo de sus afiliados, así pasaron los dirigentes sindicales la primera etapa del proceso militar.

Los pocos historiadores que han escrito sobre esta periodo coinciden en marcar dos etapas en las luchas obreras, la primera de marzo del 76 hasta abril del 79. Y la segunda, desde la primera huelga nacional del 27 de abril, hasta el retorno a la democracia en 1983.

Hasta 1979, el sindicalismo dio una lucha centrada en defensa de sus conquistas sectoriales. Luego a partir del nucleamiento de “los 25” y el Movimiento Sindical Peronista, se pasa a una acción de conjunto, con contenido e identificación política. El MSP retoma la tradición de las "62 Organizaciones", disueltas en marzo del 76 y reivindica la necesidad de la política para defender las conquistas sindicales.

Existe un clisé bastante común, de pretender juzgar el papel de los sindicatos durante la dictadura, en base a sus declaraciones de confrontación contra la Junta Militar y/o de sus denuncias del terrorismo de estado.

Si uno toma el estatuto de cualquier organización gremial, (por ejemplo la UOM) en la exposición de sus propósitos figura como primer punto: “defensa de los intereses individuales, colectivos y profesionales de sus afiliados”. Es decir los sindicatos tienen como prioridad defender los intereses de sus afiliados. Esta tarea la debieron asumir en nuestra historia en dictaduras, en gobiernos semi-constitucionales, y gobiernos constitucionales peronistas y no peronistas.

Por lo tanto, los primeros dos años de dictadura aún con intervenciones militares de por medio y represión, la primer actitud de la dirigencia sindical fue concentrarse en defender los intereses de sus afiliados. Y eso, como en todas las épocas, se hizo combinando fuerza con negociación.

Incluso los estudios sobre los conflictos por establecimientos fabriles (se menciona 90 conflictos en 1976 y 100 en 1977) se concluye que en su gran mayoría se trataba de disputas por salarios o condiciones de trabajo específicas de plantas o sectores. Es decir que no había un planteo de tipo político anti-dictadura, sino una defensa de los intereses puntuales de ese sector de trabajadores. Durante 1976 se produjeron conflictos significativos en grandes fábricas, por ejemplo, los conflictos de IKA-Renault de Córdoba en marzo, General Motors en el barrio de Barracas en abril, Mercedes Benz, Chrysler de Monte Chingolo y Avellaneda y Di Carlo en mayo.

Álvaro Abós en su libro “Las organizaciones sindicales y el poder militar 1976-1983”  entiende al conjunto del gremialismo como una totalidad, con contradicciones no antagónicas sino complementarias. Para Abós “cualquier sindicalismo tiene dos caras, una contestataria y otra dialoguista”. Se trataría de “dos ramas del mismo tronco. Una golpeaba y la otra ganaba los espacios que la confrontación dejaba vacíos”.

Roberto Digón uno de los fundadores de “los 25” junto a Roberto García y Ricardo Pérez, recuerda al padre Luzzi en aquellos difíciles años: “ Fue Luzzi quien nos abrió las puertas de la Iglesia de San Cayetano donde en 1981 hicimos la primera movilización importante contra la dictadura”.

El padre Jacinto Luzzi pertenecía al grupo más cercano al entonces Provincial de los Jesuitas, Jorge Bergoglio, quien lo protegía y alentaba su tarea con el Movimiento Obrero.

Durante la dictadura jugó un importante papel colaborando con la “Comisión de los 25” que en 1979 declaró la primer huelga general. Según recuerda Eduardo Vior en una nota de Miradas al Sur: “Desde el mismo golpe comenzó la resistencia, aunque inconexa y sin unidad. Ya en marzo de 1977 se formó una primera ‘Comisión de los 7’ a la que se adhirieron otros sindicatos, hasta conformar en 1978 la ‘Comisión de los 25’ que en junio de ese año fundó su brazo político semiclandestino, el Movimiento Sindical Peronista (MSP). Se reunían en varios locales y casi nunca todos juntos. Uno de sus principales refugios era el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús, en el actual barrio de Las Cañitas, donde el Padre Jacinto Luzzi coordinaba las reuniones. Con paciencia y constancia, entre 1977 y 1978 reunió a dirigentes sindicales opositores de las más diversas corrientes. (...) El 21 de abril de 1979 ‘los 25’ convocaron a una huelga general por 24 horas para el día 27 demandando la restitución del poder adquisitivo del salario, el restablecimiento de las convenciones colectivas de trabajo, contra la reforma de las leyes de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales y por la normalización sindical.(…) Veinte dirigentes fueron encarcelados.(...) La huelga general de 1979 es una bisagra en la historia de las luchas populares argentinas.”

En el Centro de Investigaciones y Acción Social, orientado por la Compañía de Jesús, nació el Centro de Formación Sindical (CeProSin), que tuvo por objetivo formar a “jóvenes dirigentes sindicales de los cuadros medios, por encima de las divisiones coyunturales del movimiento obrero organizado”. Los informes del CeProSin y las intervenciones de algunos de sus referentes dieron cuenta de un acelerado proceso de acercamiento hacia los dirigentes sindicales, que pudieron incluso encontrar en el CIAS un espacio de reunión cuando la represión ponía en peligro cualquier tipo de encuentro.

En la estrategia de dividir al movimiento obrero, la dictadura había armado cinco grupos. Así lo recuerda Pancho Gaitán en su libro “La Resistencia- El peronismo que yo he vivido”:

“Con la CGT intervenida, los militares habían dividido en cinco grupos por actividades más o menos afines a los sindicatos no intervenidos, y cada uno tenía un nombre, que no recuerdo cuál era, y cada grupo tenía un coordinador sindical, militar. Los dirigentes de los sindicatos intervenidos conformamos –al margen de aquella formalidad impuesta por la intervención dictatorial– un sexto grupo, que era el más numeroso. Estaban la UOM, Construcción, Luz y Fuerza, Prensa, Obreros Navales, UPCN, SMATA y otros que no recuerdo. Y participaban dirigentes de primera línea: de Luz y Fuerza participó Oscar Smith, que era el Secretario General, hasta que lo secuestraron. De la UOM participaba el “Ronco” Guerrero, Secretario General de Avellaneda y segundo de Lorenzo Miguel, que en ese momento estaba preso en el barco. De la Construcción participaba el Tano D’Angelo, que era miembro del secretariado de la UOCRA. Del SMATA participaba José Rodríguez o a veces otro compañero, o sea que había un equipo importante, era algo de peso. Nos reuníamos en diferentes gremios. En la FOCA, Obreros Cerveceros, el Secretario General era Barilache de Tucumán, pero nuestro nexo era Saúl Ubaldini que ya tallaba.”

La Junta Militar estaba especialmente preocupada por la imagen exterior de su gobierno, y en esto las reuniones anuales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) eran una vidriera muy importante. De estos cinco grupos saldrá en mayo de 1976 la delegación obrera que viaja a la conferencia de la OIT. Los integrantes de la comitiva fueron Antonio Baldassini de Telepostales, Rafael Valle de Químicos, Ricardo Pérez de Camioneros, Ramón José Valle de Seguros, Ramón Elorza, Gastronómico, Juan Horvat de ATE, Hugo Barrionuevo de Fideeros y Demetrio Lorenzo de Alimentación. Un año después, la acción del grupo de los ‘25’ va a impedir que se integre la comitiva obrera para viajar a Ginebra a la OIT.

Roberto Digón era Secretario General del SUETRA, sindicato de los trabajadores tabacaleros. El 29 de septiembre de 1976, fue secuestrado. Así lo recordaba:

“Después del 24 de marzo todos andábamos con miedo. Secuestraron primero a mi hermano y a la mujer, que dijo dónde vivíamos con mi esposa, de quien creyeron que era jefa montonera. La primera vez que vinieron a secuestrarme no estaba en mi departamento de Palermo (Bulnes y Cabrera) porque había ido a la Bombonera a ver al Boca de Lorenzo en un partido con Gimnasia. El 29 de septiembre entraron a mi casa veinte tipos de la Policía Federal y del Primer Cuerpo del Ejército con pelucas y pasamontañas. A nosotros los peronistas nos manejaban la ESMA y la Marina. Antes de que me tiraran la puerta abajo llegué a avisarle a mi secretaria adjunta que me estaban secuestrando. Pude escuchar que nos llevaron a la Comisaría 6ta de Sarandí y Venezuela porque estábamos encapuchados y esposados. A mi hermano y a mi cuñada los torturaron en la 8va frente al Hospital Ramos Mejía. Como llegué a avisar en el sindicato y teníamos una pequeña organización que denunciaba en las embajadas si había algún secuestro, el tema trascendió.”

“En las requisas te daban patadas y trompadas, era algo habitual. Perdés la noción del tiempo, te acelerás. Cada día lo multiplicás por dos cuando estás encapuchado. Creés que pasa mucho más de tiempo del que pasa en realidad. Nos mojaban y nos daban con la picana eléctrica. El escándalo tomó tanta repercusión que a los cinco días dejaron de torturarnos y después nos largaron. Los secretarios generales de varios gremios que habían sido secuestrados no fueron encontrados nunca más. A mí me largaron y a partir de ahí empecé a tener mucha trascendencia.”

El diario La Opinión del 19 de mayo de 1977, titulaba: “Orden de detención contra gremialistas cordobeses”. “La intervención militar del Ministerio de Trabajo aclara que, para el plenario de secretarios generales de gremios no intervenidos de esta ciudad, solamente se autorizó una reunión para designar una comisión para que se entreviste con su Excelencia el Señor Ministro de Trabajo de la Nación. Se informa que, habiéndose excedido los participantes de dicha reunión, tratando temas no autorizados, se ha solicitado la detención de los gremialistas que requirieron la autorización de esta delegación. Trascendió que en la reunión se habría acordado solicitar un aumento general de sueldos, la normalización de la situación gremial, la libertad de dirigentes sindicales detenidos sin proceso y la ratificación del actual Ley de Asociaciones Profesionales. De la reunión participaron delegados de más de 40 gremios, la mesa fue presidida por Juan Alfredo Reyes de Gastronómicos, Jerónimo Suárez de la Madera, Munir Fatala de Comercio y Alejo Simo, metalúrgico.”

“Pudo saberse anoche de fuente gremiales qué habrían sido detenidos los dirigentes Munir Fatala de Comercio y Jerónimo Suárez de la madera, por su parte Simo se encontraría en Buenos Aires. El coronel Amado representante del Ministerio de Trabajo dijo a Noticias Argentinas que: “yo no autoricé que se discutiera ningún tema como los planteados en el documento elaborado por el plenario de gremios cordobeses el lunes a la noche, la autorización fue concedida solamente para reunirse y elegir 6 miembros que debían viajar a Buenos Aires.”

La noticia es casi risueña. Imagino la cara del adusto coronel Amado, dando órdenes a los muchachos de los gremios, como si estuviera ante un grupo de colimbas que le deben pedir permiso para ir al baño. Pero, este hecho, describe el clima de época en el cual debía moverse la dirigencia sindical.

Días después, La Opinión informa que “el ex-Secretario General de la CGT de San Luis, Bartolomé Albarracín fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal, bajo el cargo de violar las normas de la ley 21.323 que reprime el ejercicio de actividades de proselitismo político y gremial.” “Albarracín y un grupo de allegados, interrumpieron un espectáculo folklórico, realizado en el hotel Cruz de Piedra, para producir ruidosas manifestaciones de apoyo al ex presidente Juan Domingo Perón su esposa y al ex gobernador Elías Adre; matizando los gritos con brindis por el pronto retorno al poder del Justicialismo. Ante estas expresiones que culminaron cuando el grupo entonó la marcha partidaria, el público se dispersó para no verse involucrado en el incidente.”

*Escritor y periodista. Autor de “Salvados por Francisco” y “La Lealtad- Los Montoneros que se quedaron con Perón”