Hace 78 años, la Argentina reafirma día a día su configuración como país productor y exportador de materias primas por excelencia, en nuestro país nunca se ha sancionado un cuerpo legal que especifique y agrupe íntegramente las condiciones de trabajo, remuneraciones y estabilidad de los/as trabajadores/as rurales permanentes y estacionales en su conjunto.

El día 8 de octubre de 1944 se sanciona el Estatuto del Peón mediante el Decreto-Ley 28.160/44. En aquel momento el Coronel Juan Domingo Perón se desempeñaba como Secretario de Trabajo y Previsión y fue  quien, el 15 de octubre, da a conocer y firma las reivindicaciones que se habían logrado para el trabajador rural mediante el Estatuto del Peón.

Marcando un hito en la historia de los derechos de los/as trabajadores/as, en noviembre de 1944 Perón se adelantó a la recepción del Estatuto diciendo: “Yo sé que el Estatuto del Peón ha sido, es y será resistido, pero sé también que ha sido, es y será indispensable establecerlo. No tomaremos medidas violentas para hacerlo ejecutar pero queremos que entre esto en el ambiente de una vez y que, paulatinamente, vaya ejecutándose en la mejor manera posible”.

Las respuestas no tardaron en llegar, por un lado la Confederación de Sociedades Rurales planteaba que “el Estatuto del Peón elimina la jerarquía del patrón para dejar a merced de los peones o de cualquier agitador profesional conspirando contra la tranquilidad y la vida de las familias y las de los hombres honestos que trabajan en el campo”; mientras que la Sociedad Rural Argentina (SRA) puso el grito en el cielo argumentando que la nueva legislación sembraría el germen del desorden social ya que inculcaba, en “gentes de limitada cultura”, aspiraciones irrealizables, colocándose por encima del mismo patrón .

Con el Estatuto del Peón, se logró que todos los/as trabajadores rurales del país obtuvieran mejores condiciones laborales y no siguieran siendo explotados/as por sus patrones. Por medio del mismo se establecía un aumento salarial y estabilidad laboral para los peones de campo.

Juan Domingo Perón luchó por lograr que los salarios no pudiesen ser embargados, que se les pagara en moneda nacional y que se los incluyera en los convenios laborales nacionales. Así, se establecieron salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamientos dignos, provisión de alimento y ropa de trabajo, asistencia social y vacaciones pagas, con acciones reales con el objetivo de modificar la vida de los/as trabajadores/as.

El Estatuto terminó con la orfandad del trabajador rural de la época, en materia legislativa, fijándosele un salario que le permitió satisfacer todas sus necesidades, una cuestión tan básica, pero no asegurada por el Estado, hasta las políticas llevadas adelante por la figura de Perón.

Con la misma convicción, aclaró que en lo relativo al cumplimiento de esta exigencia sería  inflexible “…nadie podrá desconocer esta facultad tutora de las autoridades del trabajo, porque ello sería peligroso, trastornando los cimientos de la organización estatal. Los funcionarios encargados de aplicar la legislación social deben ser respetados como los tribunales de justicia. Es necesario acostumbrarse definitivamente a esta idea, porque no estamos dispuestos a delegar una función que corresponde, íntegramente, al Gobierno, ni queremos dejar librada la solución de un problema a la buena o mala voluntad de unos u otros.”

La tarea emprendida desde la Secretaría de Trabajo y Previsión con el eje puesto en la defensa de los derechos de las masas sufridas y trabajadoras, fue la principal garante de la nueva justicia social instaurada por Perón. Supieron generar las condiciones para gravitar en la regularización del trabajo y en el mejoramiento de las condiciones.

El estatuto fue luego derogado, restituido en 1974 y vuelto a derogar por la última, lamentable y asquerosa dictadura cívico militar, para ser reinstaurado y actualizado en el año 2004, con las modificaciones realizadas por Ley.

Es imperioso mantener vivos estos hechos transcendentales que marcaron la historia de los/as trabajadores/as argentinos/as, para mantener en lo más alto los principios de la justicia social.

Con la sanción del Estatuto, ese sector tan postergado adquirió la dignidad que era negada por un sector de la sociedad, ello se logró porque se supo comprender la necesidad de crear un nuevo esquema de derechos necesarios para una Argentina más justa y solidaria.

En el contexto social actual, que nos encuentra atravesados por diversas coyunturas hay que responder a la urgencia de cada situación, haciéndonos cargo desde nuestro rol, y de esta forma hacer efectivos los preceptos fundamentales y cambiar las realidades de cada trabajador y trabajadora.