El trabajo es una de las herramientas más valiosas para impedir la reproducción de la pobreza, por ello creemos que es importante desarticular la subordinación de las condiciones laborales a la economía.

Se debe reconocer que la transición del trabajo informal al formal, representa un desafío enorme para los países latino americanos.

 Según datos de la OIT, 2000 millones de trabajadores/as - 61,2 % de la población ocupada mundial - tienen un empleo informal. Además, 8 de cada 10 empresas del mundo son informales, y a menudo éstas son microempresas y pequeñas empresas (incluidos los trabajadores por cuenta propia).

La formalización implica una oportunidad para que las empresas se desarrollen y los trabajadores/as estén protegidos/as, por ello, no existe contexto  para considerar que los salarios de los/as trabajadores/as formalizados/as,  representen un  obstáculo para el crecimiento del país. Se debe asumir que el salario, el empleo y la protección social, no conforman una  variable de ajuste.

La historia que nos traza ha demostrado que las sociedades de mercado, sostenidas en fundamentos financieros y mercantilistas, han desplazado a miles de trabajadores/as hacia una situación crítica, atentando contra el fortalecimiento del  trabajo decente y con ello,  la dignidad que desde las organizaciones profesionales de trabajadores, tan arduamente se custodia.

 El paradigma de progreso social, solo puede ser realidad tangible, a través de la justicia social mirada desde los derechos laborales, sociales y plena vigencia de los derechos humanos, en una sociedad donde se valore y promueva la participación de los/as trabajadores/as.

El trabajo decente enmarcado en el diálogo social,  es médula neurálgica de la articulación social y respuesta a la gran concentración económica y consolidación de poderes que impiden el desarrollo.

Es necesario seguir militando y trabajando contra el trabajo no registrado, luchando incansablemente contra el flagelo de la explotación laboral. Los derechos conquistados deben ser defendidos día a día.

El movimiento obrero organizado ya ha dado testimonio de que es el mejor camino para resistir los embates de un mundo que está demostrando dificultades para  generar empleo.

El principal  beneficiado de la formalización de la relación laboral es el/la trabajador/a con proyección a su familia, ya que, a través del cumplimiento del pago de las cargas patronales, e ingreso de los aportes, accede a los beneficios derivados de la seguridad social, como ser: jubilación, obra social, asignaciones familiares, aguinaldo, vacaciones,  acceso al seguro de desempleo en caso de extinción del contrato de trabajo y demás.

Las cargas sociales benefician a toda la sociedad, ya que en nuestro país, el régimen de la Seguridad Social se sustenta en principios tales como el de la solidaridad, a partir del cual las cargas sociales que ingresan de parte de un/a trabajador/a en actividad, solventan  necesidades de interés público.

La falta de formalización es un disvalor que se proyecta a todo el  entramado social, ocasionando evasión fiscal y previsional, competencia desleal con los empleadores que cumplen sus obligaciones y descenso de ingresos a los sindicatos por falta de pago de las cuotas sindicales.  

La registración de los/las trabajadores/as propende el crecimiento de las empresas. Es un proceso de inclusión económica que les facilita capacitar a sus asalariados/as, mejorar sus oportunidades comerciales, reducir la competencia desleal que representan las empresas informales, recibir asistencia técnica por parte de entidades estatales y acceder a oportunidades de financiación, servicios y tecnologías de desarrollo empresarial.

Promover el trabajo registrado además permite al Gobierno aumentar la recaudación tributaria para invertir en mejores servicios, elaborar políticas públicas efectivas para atender diferentes demandas sociales e impulsar el desarrollo económico y social del país beneficiando así a las empresas y a los/las trabajadores/as.

El trabajo no registrado no es natural, significa injusticia y exclusión, por ello la importancia del trabajo de inspección que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El empleo no registrado constituye una problemática central para el mercado de trabajo, ya que se trata de un trabajo que no brinda las condiciones básicas para que los/as trabajadores/as y sus familias puedan acceder a una vida digna, configurando una situación precaria que ocasiona una vulnerabilidad que se proyecta en el/la trabajador/a y en todo el diseño social, porque genera evasión fiscal y previsional, competencia desleal entre los empleadores que cumplen y los que no, y desfinanciamiento del sistema de seguridad social y de los recursos sindicales.

 No representa una novedad que los/as trabajadores/as, por miedo a perder su fuente de trabajo en un contexto de baja empleabilidad, se someten a condiciones laborales que menoscaban sus derechos de forma peyorativa, profundizándose esta situación en casos de trabajadores/as no registrados, quienes padecen sin reparo la constante violación del plexo normativo laboral.

A pesar de la legislación vigente y planes implementados para combatirlo, la problemática social planteada por el trabajo no registrado sigue siendo preocupante. A nivel nacional, las provincias del Noreste tienen el índice más elevado de trabajo no registrado y la Patagonia el más bajo.

La situación del/la trabajador/a no registrado es de total desprotección dado que, como ya mencionáramos, no está cubierto por la legislación laboral ni de seguridad social y carece de cobertura médico-asistencial para él/ella y su familia, y no tiene derecho al cobro de salario familiar, seguro de desempleo ni accidentes de trabajo.

No debemos descuidar que la globalización acelerada ha puesto en tela de juicio las convicciones y expectativas de mujeres y hombres de trabajo y sus familias respecto a la equidad y el futuro del sistema económico y social, y también acerca de los requisitos para que pueda haber desarrollo sostenible.

En nuestro país, fueron dictadas numerosas normas tendientes a propender la registración laboral, combatir el trabajo no formalizado y el defectuosamente registrado, evitando el fraude laboral.

Entre la legislación más sobresaliente se encuentra el Pacto Federal del Trabajo que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 25.212 y posteriormente ratificada por cada una de las legislaturas provinciales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien el legislador nacional limitó su intervención a ratificar el pacto “en lo que es materia de (su) competencia (…)” (art. 1º de la ley), la realidad es que el régimen diseñado fue producto de un acuerdo entre los representantes del Estado Nacional y locales, y que los órganos legislativos provinciales adhirieron expresamente al sistema mediante la sanción de las leyes pertinentes, de forma que sus disposiciones rigen en todo el territorio nacional.

Así fue que con fecha 29 de julio de 1998, reunidos el Presidente de la Nación Argentina, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Ministro del Interior y los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un Pacto Federal de meridiana relevancia en materia laboral, que en la actualidad proyecta sus efectos y señala el camino a seguir en pos del resguardo del derecho de los/las trabajadores/as, encuadrando normativamente el espíritu de una democracia federal, sustentada en la construcción política de la confianza mediante un pacto entre iguales.

Este Pacto permitió reforzar el compromiso de la Nación y las provincias con el objetivo de jerarquizar y dotar de estabilidad al trabajo en todas sus formas, garantizando la igualdad de oportunidades y extendiendo a todos los/as trabajadores/as los beneficios de la seguridad social. Asimismo, el instrumento incluyó la institucionalización del Consejo Federal del Trabajo y el Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales. Además, contempló la puesta en marcha del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Empleo, el Programa Nacional de Acción en Materia de Trabajo Infantil, el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el mundo laboral y el Plan Nacional para la Inserción Laboral y el Mejoramiento del Empleo de las Personas con Discapacidad.

 Consideramos que las declaraciones formuladas en el Pacto Federal del Trabajo de 1998, continúan siendo una guía para todos los actores sociales que integran el mundo del trabajo, debiendo ser aplicadas desde este lugar histórico, con perspectiva de género:

·         Que el trabajo es la actividad que más inequívocamente expresa, identifica y caracteriza la condición humana y que, por lo tanto, dignifica y enriquece a quien la ejerce en el seno de una comunidad organizada.

·         Que, citando a su Santidad Juan Pablo II, "el trabajo, en cuanto problema del hombre, ocupa el centro mismo de la cuestión social", convirtiéndose entonces "en una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social".

·         Que los cambios tecnológicos, organizacionales y productivos acontecidos en las últimas décadas en el escenario laboral internacional, no pueden ser utilizados como argumento para desconocer la dimensión del trabajo como vehículo de desarrollo y de crecimiento de los hombres y mujeres.

·         Que, por el contrario, estas transformaciones brindan la oportunidad de imaginar y poner en práctica nuevas y creativas acciones que contribuyan a la mejora de las condiciones de trabajo y, por lo tanto, de vida de los habitantes de la Nación.

·         Que la jerarquización, transparencia y estabilidad del trabajo en todas sus formas es un deber indelegable del Estado Nacional y de las Provincias.

·         Que la asignación de competencias, que en materia laboral impone el sistema federal de gobierno, no debe convertirse en un obstáculo para la instrumentación de políticas y acciones en toda la República que procuren el bienestar general sino que, por el contrario, ofrece la posibilidad de sumar voluntades y recursos humanos y materiales en toda la extensión del país.

·         Que como parte de esos deberes de protección del trabajo, el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben garantizar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes que se encuentren en situación de trabajo o que aspiren a incorporarse a la actividad productiva, para lo cual debe atenderse la situación de los sectores más vulnerables o insuficientemente protegidos de la sociedad, como son los/as trabajadores/as no registrados/as, los niños y los discapacitados, asegurando también la igualdad de oportunidades para las mujeres.

·         Que esta especial atención que requieren los sectores mencionados no debe ser asumida independientemente por cada jurisdicción, sino que se impone la cooperación y coordinación de esfuerzos y funciones para alcanzar el objetivo común sobre la base de igualdad de oportunidades y homogeneidad de las regulaciones.

·         Que la observancia del cumplimiento de la normativa laboral, si bien es un deber irrenunciable de los gobiernos, no garantiza por sí misma el éxito en la lucha contra la reiteración de procedimientos y conductas contrarias a la naturaleza social del trabajo, resultando entonces necesaria la adopción de medidas adicionales que contribuyan a instalar una conciencia colectiva acerca de la importancia de proteger el trabajo en todas sus formas, extendiendo a todos/as los/as trabajadores/as los deberes, derechos y beneficios de los sistemas de la seguridad social.

·         Que tales medidas también deben orientarse a lograr el compromiso de los actores sociales a través de la participación de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores/as y de otras instituciones sociales.

·         Que para coordinar la actuación de los organismos competentes en materia laboral de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es preciso institucionalizar el Consejo Federal de Administraciones del Trabajo a fin de procurar la mayor eficiencia en las medidas a adoptarse, bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad.

·         Que para asegurar la unidad y seguridad jurídica de la Nación en materia laboral, alcanzando también una más adecuada coordinación de la actividad de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, es preciso unificar el régimen general de sanciones por infracciones laborales.

 Como podrá observarse, las declaraciones formuladas en el Pacto Federal del Trabajo poseen un ligamen inescindible con la justicia social, resultando esencial promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza, propender el desarrollo de las empresas, la inversión, detener las desigualdades y esencialmente, interpretar el trabajo decente como lucha por la dignidad humana.

A nivel nacional, ya en el año 2003 nuestro país incluyó dentro de los "Objetivos de Desarrollo del Milenio" el de: "Promover el Trabajo Decente" y en el año 2004 se acordó la ejecución del Programa Nacional de Trabajo Decente 2005-2007 cuyos principales objetivos fueron: la integración de políticas económicas y sociales con el fin de promover la creación de empleo decente el fortalecimiento de las políticas del MTEySS en materia de empleo y formación, la regularización del trabajo no registrado, mejora de las condiciones de trabajo y erradicación del trabajo infantil, junto con la búsqueda de una mejora de los ingresos del trabajo y la ampliación del sistema de protección social y del seguro de desempleo.

En el año 2008 se firmó un memorándum de entendimiento para la puesta en marcha en la República Argentina del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) Argentina 2008- 2011 con el fin de dar continuidad al anterior y contemplar, entre sus prioridades, la de "contribuir a la reducción de la economía informal y del empleo no registrado".

El Gobierno argentino dispuso que el año 2011 fuese declarado "Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores" (según Dec. 75/2011).

El Ministerio de Trabajo —según surge de los fundamentos de la resolución— en la búsqueda de propender al trabajo decente, viene ejecutando el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, realizando fiscalizaciones para detectar y sancionar situaciones de informalidad laboral y propiciar la registración de los/as trabajadores/as y su inclusión dentro del Sistema Único de la Seguridad Social.

El trabajo debe dignificar y permitir el desarrollo de las capacidades; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no habilita un ingreso justo y proporcional al esfuerzo efectuado, ni el que propende la discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquél que rechaza el diálogo social.

Los ministros que forman parte del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas declararon: "Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible. Para la creación de nuevas oportunidades laborales es imprescindible contar con un entorno que fomente la inversión, el crecimiento y la capacidad empresarial. Es fundamental que hombres y mujeres tengan oportunidad de conseguir un empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza, el mejoramiento del bienestar económico y social de todos, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de todas las naciones, así como una globalización plenamente incluyente y equitativa".

El Pacto Federal del Trabajo, refleja la promoción del trabajo decente como un modelo de desarrollo que focaliza a la persona humana. La igualdad de género, en la actualidad, constituye un objetivo transversal el cual propende hacia la inclusión social y como sostuvimos con anterioridad, desde allí deben releerse las declaraciones efectuadas en 1998.

En efecto, en términos internacionales, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente – creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social – se convirtieron en elementos centrales  de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible . El Objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente, constituyendo un ámbito de actuación fundamental para la OIT y sus mandantes.

Las declaraciones de los líderes y los planes de acción del G20, el G7, la Unión Europea, la Unión Africana y otros organismos regionales y multilaterales también confirman la importancia del trabajo decente para salir de la crisis y el desarrollo sostenible.

El movimiento obrero latinoamericano seguirá el camino de la unidad y solidaridad entre trabajadores/as, construyendo más y mejores convenios colectivos de trabajo, eliminando los contratos precarios y luchando por salarios dignos, construyendo acción social e igualdad de oportunidades. Generando espacios para que se pueda hacer frente a la globalización mercantilizada, impidiendo la marginalidad laboral que atenta contra el bienestar de la clase trabajadora.

Sabido es que una democracia, más que un régimen de acuerdos, es un sistema para convivir en condiciones de profundo y persistente desacuerdo. Ahora bien, en asuntos que definen nuestro destino como trabajadores/as, resulta vital valorar y propender al mantenimiento de declaraciones como las arribadas en el Pacto Federal del Trabajo, el cual alcanzó niveles de repercusión política, social y económica que persisten en la actualidad.

Finalmente, diremos que tenemos una historia de lucha, que nos compele fortalecer la organización de todos los/las trabajadores/as reconstruyendo el poder gremial, ya que los gremios representativos y organizados, son en definitiva, los que dan respuesta a los que trabajan.