Por: Gustavo Corda[1]

El presente texto pretende ser un humilde aporte, a modo de disparador, que permita cuestionarnos sobre las actuales construcciones en los procesos de las relaciones interpersonales en nuestra sociedad. Diversas situaciones de violencia que se viven en la vida de los compatriotas y los procesos de dificultad de llevar adelante zanjar nuestras diferencias han desnudado una problemática social que se nos está haciendo difícil poder abordarla sin que nuestros pares sientan que se están vulnerando sus propios derechos personales, sus libertades, incluyendo la posibilidad de libre elección o expresión de sus ideas. Pero, y ahí debemos detenernos un instante, mirar hacia todos lados y reflexionar; cuándo aparece el concepto odio y violencia ya estamos en un problema, algo se rompió, algo debe reconfigurarse.

Definir nunca está de más.

La palabra violencia suele estar presente muchas veces en nuestras conversaciones, y de alguna manera y sin darnos cuenta tendemos a naturalizarla, mal que nos pese.

La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe en el año 2013 emite un documento en el cual plantea la posibilidad de prevenir la violencia y disminuir sus efectos mediante orientaciones que puedan promover, diseñar y ejecutar programas estratégicos dirigidos a prevenir la violencia interpersonal y la auto-infligida. Entre ellas están la posibilidad de fomentar las relaciones sanas y estables de los niños entre sí y con su entorno; proyectar y estimular el desarrollo de sus potenciales; disminuir la disponibilidad y el consumo masivo de alcohol y estupefacientes; restringir el fácil acceso a las armas de fuego; fomentar la igualdad en materia de género para la prevención de la violencia contra las mujeres; cambiar normas sociales o culturales que propician la violencia y establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas.

Por cuanto podemos decir entonces, que la violencia es un producto de la evolución cultural de un grupo humano, donde el individuo se forma y moldea desde un aprendizaje y desde los hábitos violentos. Es por eso que ciertamente, para revertir o encontrar soluciones a esta problemática que nos aqueja en nuestro marco social, es necesario un cambio cultural y educativo. Si la violencia se aprende y se incorpora en nuestra estructura de convivencia, como efecto de contrapunto, la no violencia también se puede aprender e incorporar en comunidad.

La comunidad organizada

Desde la idea de los Contractualistas, donde se desarrolla la teoría moderna del Contrato o Pacto Social como medio de poner fin a conflictos que por naturaleza se generan en base a los intereses individuales, hasta nuestros días que se intenta primar la construcción, defensa y fomento de los intereses colectivos, se intenta dar importancia a esas acciones colectivas como instrumento de mejora en el acceso a la justicia, calidad de vida, protección de los derechos contra daños masivos, así como la protección de grupos vulnerables.

Allí entra el Estado como organización jurídica principal, donde debe servir como actor principal en la protección del individuo contra el uso de la fuerza de la mayoría, al subordinar el poder al derecho, y por cuanto constituyendo el estado de derecho donde el gobierno no está por encima de lo que es correcto, de lo que es justo, de la ética, de las normas universales de la recta conducta, de la ley, sirviendo a la comunidad, debiendo garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes expresas en su estructura normativa.

La agencia como una política de Estado

Aquí vemos y percibimos que la intervención del Estado como órgano estratégico de las políticas de no violencia son elementales, por no decir imprescindibles.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados – ANMaC, es un Organismo Descentralizado bajo la órbita de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el cual dentro de la gama de atribuciones puede resumirse que registra, fiscaliza y controla la actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados; y en su página de presentación reza la siguiente frase de inicio: “Trabajamos para construir una sociedad más pacífica” y más allá de sus funciones fiscalizantes, plantea interesantes políticas públicas de capacitación y concientización referentes a las armas de fuego y lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil.

Mediante la promulgación de la Ley N° 26.216, con posterioridad a hechos que impactaron profundamente en nuestra sociedad, se declara la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compra-venta de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados; dando paso al “Programa Nacional de entrega voluntaria de armas de fuego”.

El Programa Nacional de entrega voluntaria de armas de fuego hoy no se encuentra en vigencia desde el 31 de diciembre de 2021, siendo necesario para poder implementarlo nuevamente una nueva ley emitida por el Poder Legislativo de la Nación que la prorrogue por un nuevo período.

Esta normativa nos demuestra y certifica que hay políticas de estado que se materializan en posibilitar que la sociedad, de forma voluntaria tenga la posibilidad de hacer entrega de las armas de fuego y municiones que tenga en su poder, con el fin de reducir el circulante de las mismas en el marco social, y así generando lo que podríamos denominar una reducción de riesgos de daños ocasionados por su posible uso indebido.

El material entregado por el ciudadano es inutilizado en presencia de la persona que realiza la entrega, y posteriormente, luego de que el mismo queda no apto para su uso, se la incorpora a un proceso de destrucción definitiva que se realiza de forma periódica.

Esta ley genera la creación de la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego, también consistía en la amnistía penal por los delitos de tenencia ilegítima de este material controlado, convirtiéndolo en una herramienta clave de la política pública de desarme de la sociedad civil por parte del Estado.

Este programa, desde el año 2007 que entró en vigencia, recibió e inutilizó más de 200.000 armas de fuego y alrededor de 2.000.000 de municiones. Conjuntamente la promulgación de la Ley 25.938 crea el “Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados e Incautados” en el que se asientan las armas de fuego y demás materiales controlados secuestrados o incautados por las Fuerzas de Seguridad, Poder Judicial Nacional y Provincial.

Este material va a resguardo en forma transitoria, mientras dura la investigación judicial o administrativa, para que cuando ésta termina se proceda a ser depositado en forma definitiva y posteriormente se proceda a su destrucción.

Herramientas educativas

La ANMAC creó un programa que cuenta con capacitación, con formación profesional y académica referente a la difusión y concientización respecto de todo tipo de material controlado que sea de competencia de control por el organismo, y principalmente en la prevención de las violencias y la promoción de la resolución pacífica de los conflictos.

Entre los talleres que el Organismo ofrece, se encuentran “Desarmando estereotipos de género”, “Abordaje de la responsabilidad penal e implicancias en el uso de armas de fuego”, “Cultura de la violencia: abordajes de prevención y resolución de conflictos”, “Desarme voluntario: trayectoria histórica, regímenes internacionales y políticas públicas en Argentina”, “Gestión de la conflictividad y políticas criminales orientadas al uso y proliferación de armas y materiales controlados”, y algunos relacionados con la normativa vigente en el sistema de registración, la advertencia y riesgo de uso y manipulación de armas de fuego entre otros.

Estos programas tienen por finalidad lograr una política de desarme de la sociedad civil, previendo un control de la proliferación de armas de fuego, promover el desarme voluntario y la destrucción de materiales controlados; prevenir y reducir accidentes, hechos de violencias y delitos realizados con uso de armas de fuego; colaborar en estrategias de gestión de conflictividad y elaboración de políticas criminales orientadas a la prevención de las violencias y delitos, la reducción de circulante de armas de fuego en los mercados ilegales; concientización y sensibilización de la sociedad en los riesgos en presencia, manipulación y uso de armas de fuego, vinculados con los riesgos sobre la seguridad e integridad de las persona; se promociona la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de una cultura de la no violencia, haciendo extensivas todas las herramientas y capacitaciones con que cuenta el programa en forma integral tanto para acercarlos a las instituciones públicas como privadas.

Números interesantes

Durante el trascurso de los años 2018/2019 se realizaron diferentes actividades por parte del departamento de Prevención Ciudadana, con talleres formativos y de concientización en escuelas secundarias de diferentes partes del país.

En el proceso se realizó una encuesta referente a la percepción sobre las armas de fuego expresando resultados más que interesantes. Una de las preguntas era “si tendrías un arma de fuego en tu casa”, ante lo cual el 44%, respondió que no, mientras que el 56% lo hizo de manera afirmativa. A su vez, dentro de las respuestas positivas un 48% aseveró que tendría un arma de este tipo "por seguridad", un magro cinco por ciento porque le gustan las armas, y, apenas tres puntos porcentuales "para cazar".

Por otro lado, dentro de las respuestas negativas, una de cada tres personas no la tendría porque "le parece un riesgo y prefieren evitar accidentes". Tampoco la poseerían porque “no les gustan las armas" (14%) y porque "los civiles no deberían tener armas" (1%).

Sin embargo, respecto de la comparación según género, la proporción de varones supera a la de mujeres en cuanto a la valoración positiva de tener un arma de fuego en su casa. Por el contrario, la mayor proporción de mujeres se inclinó por la respuesta negativa.

El 77% de las personas encuestadas creen que el principal contexto de asesinatos con armas de fuego es en caso de robo, sin embargo, las estadísticas emanadas del Poder Judicial expresan que son en ocasiones de discusión y riña o conflictos interpersonales.

En otro orden, se preguntó a los encuestados si alguna vez jugaron con armas de fuego de juguete, y la mayoría de ellos respondieron afirmativamente.

Conclusión

Analizada la perspectiva integral que tienen los diferentes programas, deja en evidencia que la intervención del Estado como ente rector de políticas públicas de cuidado y planificación estratégica de prevención, es imprescindible.

Estas políticas están ligadas en la necesidad del logro de objetivos generales que tiendan a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; concientizar respecto de los riesgos y la promoción de una cultura de no tenencia y uso de armas de fuego.

Asimismo, se debe considerar la planificación, el control y correcta registración del material existente de forma regular, con todos los requerimientos enmarcados en la normativa que habilita a un ciudadano que así lo requiera, con la posibilidad del acceso a la autorización de la adquisición de material controlado y su respectiva tenencia, con el fin de su uso lícito y responsable para actividades como la caza, tiro deportivo, etcétera.

Concientizar, educar, generar relaciones interpersonales expresadas en el buen trato y la resolución pacífica de los conflictos, debe ser la base fundamental que nos estructure como sociedad en el desarrollo de un futuro mejor.

Como diría José Pablo Feinman: “Ver una persona muerta, asesinada aquí y ahora por un arma de fuego, genera un impacto terrible; tener una planilla con el número de la cantidad de muertos es una estadística”. La vida es un derecho humano fundamental, cada uno de nosotros es único e irrepetible, por cuanto es obligación real y moral del Estado cuidarnos, educarnos, regular sobre la materia y, también, un deber ciudadano generar puentes empáticos entre nosotros para la construcción de una sociedad capaz de convivir en paz.