La democracia y el sistema
sindical argentino
En ocasión de celebrarse el Bicentenario de la Independencia, Arturo
Fernández, pensador e investigador
esencial de los estudios sindicales,
publicó un trabajo sobre el sindicalismo argentino y en su apertura nos indica de forma
clara y contundente que “El sindicalismo ha
sido y es un movimiento social esencial de las
sociedades capitalistas porque constituye una
necesaria expresión del conflicto entre el capital
y el trabajo y contribuye a limitar los abusos de
los propietarios de los medios de producción”
(Fernández, 2010: 83).
El sindicalismo estuvo presente en las principales luchas por el reconocimiento y la ampliación
de derechos laborales desde comienzos del
siglo XIX, sus luchas se materializaron mediante la asociación y agregado de intereses que
impulsaron la representación de la clase obrera,
la creación de partidos políticos, la creación
de organismos internacionales y la progresiva
universalización del Derecho Laboral.
Las luchas de los asalariados y las organizaciones que los representan, se vieron fortalecidas
con cada avance del componente democrático
por sobre el liberal, en esa incesante puja que
nos llega hasta el día de hoy, la ampliación
del sufragio universal, los pactos sociales
constitutivos del Estado de Bienestar, las negociaciones por la real puja distributiva entre
los empresarios, los sindicatos y el Estado,
dieron forma a un país que se incorporaba a la
sociedad de masas con una mirada incluyente.
Tras medio siglo, aproximadamente, de avances y retrocesos el sistema político dio cuenta
de las demandas acerca de los modos de
representación o bien sobre la intermediación
de intereses de los sectores asalariados, en
tanto, su contraparte, el capital concentrado y sus cámaras, gozaban con anterioridad de la
legitimidad ante el Estado (sea por pertenencia
o filiación) para la consecución y/o defensa
de sus intereses. “A partir de Perón empezó
a haber tres sillas en el Ministerio de Trabajo,
hasta ese momento el representante de los trabajadores participaban de pie” solían comentar
los dirigentes de aquella época.
La manera en que el sistema político incorporó
esas demandas de participación se conoció
con la categoría de corporativismo1
, término
vinculado a experiencias autoritarias europeas
en donde el rol del Estado era central y la
línea entre lo público y lo privado era difusa.
Con el correr de los años, ya pasados los dos
conflictos bélicos más importantes del siglo XX,
el neocorporativismo “nace de una dinámica
social que crea y preserva la autonomía de los
actores colectivos; este último es policéntrico
y las relaciones entre los actores puede ser
consensual pero también legítimamente conflictual” (Marques-Pereira, 1999).
Esta segunda vertiente, es un momento de
ampliación de los márgenes de la democracia
liberal, principalmente por la imposibilidad de
un ejercicio hegemónico
de una clase sobre otra,
generando espacios de
representación a través
del diálogo social, la
suma de legitimidades,
la representación por
partidos, de esta manera el “conflicto” se traslada a la disputa por la representación, por
la ubicación en la distribución del trabajo y el
monopolio de la representación por sector o
rama productiva.
Un subtipo a las variantes descriptas, es el propuesto por Guillermo O’Donnell (1973), quien
distingue un neocorporativismo incluyente (sistemas políticos en donde el Estado despliega
sus recursos para movilizar e incrementar su
poder político o bien para mantenerlo) y uno
excluyente (el Estado busca reducir el poder
de las organizaciones de la clase trabajadora
a través de la desmovilización).
La ligazón entre los conceptos que pretenden
dar cuenta de la incorporación de demandas
agregadas al sistema político bajo el sistema
democrático está dada por la categoría proveniente, no ya de la Ciencia Política, sino del
ámbito del Derecho. Nos referimos a la libertad
sindical, que como sostiene Goldin “la libertad
sindical es una condición jurídica, prescriptiva
por tanto, y fáctica de legitimidad del marco
en que se desenvuelve la acción colectiva (y
en el cual debiera desarrollarse el fenómeno
corporativo).” (Goldin, 2012: 451).
Antes de abordar aspectos actuales del sindicalismo argentino, permítanme, dada la cercanía
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, dar cuenta y reconocer del rol de las
organizaciones obreras en un contexto político,
económico y social represivo como el que intentaron los gobiernos militares para imponer un
modelo de desindustrialización, de incremento
de la actividad especulativa sobre la productiva,
medidas de reducción del salario real junto a
procesos inflacionarios, incrementos de deuda
en moneda extranjera, medidas que, conjuntas,
tuvieron el objetivo de poner fin a un modelo
de regulación estatal iniciado y la victoria de la
economía de mercado.
Retomando el trabajo de Fernández “Por lo
demás, el golpe clerical-militar tuvo como uno
de sus principales objetivos desarticular la
estructura sindical que había organizado la
movilización popular contra los diversos planes
de ajuste entre 1955 y 1976 y en consecuencia
atacó la organización obrera a través de tres
líneas de acción. La principal fue la intervención
de la CGT y de las principales federaciones y
sindicatos afiliados a ella, junto a la suspensión
de las actividades sindicales y del derecho de
huelga, vinculados a la derogación de facto
de la Ley de Contrato de Trabajo” (Fernández,
2010:95).
La violencia represiva descargada por la
dictadura de 1976-1983 sobre el movimiento
asalariado y sus organizaciones provocó que
alrededor de la mitad de los detenidos-desaparecidos proviniese de los trabajadores. Con la
recuperación de la democracia, el sindicalismo
con sus prácticas canalizó sus demandas y reclamos respetando las instancias y canales democráticos fortaleciendo el incipiente gobierno.
Saltándonos la década de los 80, marcada por
la recuperación del sindicalismo como canal
de intermediación de un sector individual, la
década del 90, de acompañamiento a reformas
estructurales y de escisión del movimiento
obrero, el sindicalismo ingresó al nuevo siglo,
de la mano de un Estado que se propuso
estimular, promover y articular demandas
colectivas cristalizadas en prácticas políticas
tales como la convocatoria a las paritarias,
la implementación del Consejo del Salario, la
paritaria nacional docente por poner ejemplos
concretos que terminaron incidiendo positivamente en el fortalecimiento de un sindicalismo
más plural.
El tiempo presente, para concluir con esta breve reflexión, no da respiro y presenta nuevos y
viejos desafíos para el sindicalismo y su ligazón con la democracia. Eventos inesperados,
cisnes negros, pandemias sanitarias, fondos
buitre, amenazas de default y de espiralización del proceso inflacionario, incertidumbre
ante un conflicto bélico que puede volverse
nuclear marcan el estado de situación que el
sindicalismo deberá afrontar.
La irrupción de la tecnología, exponencialmente impulsada por la pandemia, generó procesos
de concentración económica de la mano de las
grandes empresas del sector de plataformas2
(desde las trasnacionales Amazon, Rappi, Glovo, etc, hasta semi-nacionales como Mercado
Libre). Estas nuevas formas de organización del trabajo, que nos proponen grandes empresas, requieren acuerdos que sean positivos
para todos los actores del sistema, al tiempo
que resulta necesario que dichos actores sean
protagonistas de la discusión.
“Un siglo que muestra claros indicios de un proceso
de concentración global del capital, y cómo cada
vez que eso sucedió la agenda de los medios de
comunicación y la batalla por el sentido común
tuvieron siempre el mismo objetivo: desmovilizar,
retroceder derechos adquiridos, flexibilizar y minar
una instancia de intermediación de intereses central
para la democracia.”
La tecnología al alcance de la mano mediante
los teléfonos celulares modifica para siempre
una dinámica de la acción colectiva y de la
construcción sindical acostumbrada a otra dinámica más ordenada y piramidal. El teletrabajo, la deslocalización del trabajador, el constate
cuestionamiento de los derechos laborales y
en particular la estigmatización del empleo público
son amenazas presentes.
Entre los desafíos no tan
nuevos, podemos mencionar la internalización
del proceso democrático
en el movimiento obrero, a través del ejercicio
electoral periódico, de la
incorporación de la representación de minorías, de
género (en cantidad y temática), de las formas de participación. Temas,
todos ellos, que parecieran ser números puestos para afrontar un siglo que muestra claros
indicios de un proceso de concentración global
del capital, y cómo cada vez que eso sucedió
la agenda de los medios de comunicación y la
batalla por el sentido común tuvieron siempre
el mismo objetivo: desmovilizar, retroceder
derechos adquiridos, flexibilizar y minar una
instancia de intermediación de intereses central
para la democracia
1
De acuerdo a Schmitter (1979) el corporativismo es un un sistema de representación de intereses en el que las unidades que lo
constituyen están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, ordenadas jerárquicamente y funcionalmente diferenciadas y reconocidas o autorizadas (cuando no creadas) por el Estado, a las que se garantiza un
determinado monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías, a cambio de tolerar la práctica de ciertos controles
en la selección de sus dirigentes y en la articulación de peticiones y ayudas.
Matías Barroetaveña*
* Legislador Frente de Todos. Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Legislatura de CABA. Secretario de
Empleo de la Nación (2014/2015) Subsecretario de políticas de empleo y formación del Ministerio de Trabajo de la Nación
(2007/2014). Presidente de la Auditoria General de la CABA (2003/2007). Vice Presidente de la Asociación Mundial de servicios
de empleo AMSPE (2014/2015) Director del CEM (UMET, UNAJ, UNAHUR). Licenciado en Ciencia política UBA. Maestría en
políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo (Georgetown University, UNSAM) Docente UBA, UNAJ, FLACSO.