En ocasión de celebrarse el Bicentenario de la Independencia, Arturo Fernández, pensador e investigador esencial de los estudios sindicales, publicó un trabajo sobre el sindicalismo argentino y en su apertura nos indica de forma clara y contundente que “El sindicalismo ha sido y es un movimiento social esencial de las sociedades capitalistas porque constituye una necesaria expresión del conflicto entre el capital y el trabajo y contribuye a limitar los abusos de los propietarios de los medios de producción” (Fernández, 2010: 83). 

El sindicalismo estuvo presente en las principales luchas por el reconocimiento y la ampliación de derechos laborales desde comienzos del siglo XIX, sus luchas se materializaron mediante la asociación y agregado de intereses que impulsaron la representación de la clase obrera, la creación de partidos políticos, la creación de organismos internacionales y la progresiva universalización del Derecho Laboral. 

Las luchas de los asalariados y las organizaciones que los representan, se vieron fortalecidas con cada avance del componente democrático por sobre el liberal, en esa incesante puja que nos llega hasta el día de hoy, la ampliación del sufragio universal, los pactos sociales constitutivos del Estado de Bienestar, las negociaciones por la real puja distributiva entre los empresarios, los sindicatos y el Estado, dieron forma a un país que se incorporaba a la sociedad de masas con una mirada incluyente. 

Tras medio siglo, aproximadamente, de avances y retrocesos el sistema político dio cuenta de las demandas acerca de los modos de representación o bien sobre la intermediación de intereses de los sectores asalariados, en tanto, su contraparte, el capital concentrado y sus cámaras, gozaban con anterioridad de la legitimidad ante el Estado (sea por pertenencia o filiación) para la consecución y/o defensa de sus intereses. “A partir de Perón empezó a haber tres sillas en el Ministerio de Trabajo, hasta ese momento el representante de los trabajadores participaban de pie” solían comentar los dirigentes de aquella época. 

La manera en que el sistema político incorporó esas demandas de participación se conoció con la categoría de corporativismo1 , término vinculado a experiencias autoritarias europeas en donde el rol del Estado era central y la línea entre lo público y lo privado era difusa. Con el correr de los años, ya pasados los dos conflictos bélicos más importantes del siglo XX, el neocorporativismo “nace de una dinámica social que crea y preserva la autonomía de los actores colectivos; este último es policéntrico y las relaciones entre los actores puede ser consensual pero también legítimamente conflictual” (Marques-Pereira, 1999). 

Esta segunda vertiente, es un momento de ampliación de los márgenes de la democracia liberal, principalmente por la imposibilidad de un ejercicio hegemónico de una clase sobre otra, generando espacios de representación a través del diálogo social, la suma de legitimidades, la representación por partidos, de esta manera el “conflicto” se traslada a la disputa por la representación, por la ubicación en la distribución del trabajo y el monopolio de la representación por sector o rama productiva. 

Un subtipo a las variantes descriptas, es el propuesto por Guillermo O’Donnell (1973), quien distingue un neocorporativismo incluyente (sistemas políticos en donde el Estado despliega sus recursos para movilizar e incrementar su poder político o bien para mantenerlo) y uno excluyente (el Estado busca reducir el poder de las organizaciones de la clase trabajadora a través de la desmovilización). 

La ligazón entre los conceptos que pretenden dar cuenta de la incorporación de demandas agregadas al sistema político bajo el sistema democrático está dada por la categoría proveniente, no ya de la Ciencia Política, sino del ámbito del Derecho. Nos referimos a la libertad sindical, que como sostiene Goldin “la libertad sindical es una condición jurídica, prescriptiva por tanto, y fáctica de legitimidad del marco en que se desenvuelve la acción colectiva (y en el cual debiera desarrollarse el fenómeno corporativo).” (Goldin, 2012: 451).

Antes de abordar aspectos actuales del sindicalismo argentino, permítanme, dada la cercanía del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, dar cuenta y reconocer del rol de las organizaciones obreras en un contexto político, económico y social represivo como el que intentaron los gobiernos militares para imponer un modelo de desindustrialización, de incremento de la actividad especulativa sobre la productiva, medidas de reducción del salario real junto a procesos inflacionarios, incrementos de deuda en moneda extranjera, medidas que, conjuntas, tuvieron el objetivo de poner fin a un modelo de regulación estatal iniciado y la victoria de la economía de mercado. 

Retomando el trabajo de Fernández “Por lo demás, el golpe clerical-militar tuvo como uno de sus principales objetivos desarticular la estructura sindical que había organizado la movilización popular contra los diversos planes de ajuste entre 1955 y 1976 y en consecuencia atacó la organización obrera a través de tres líneas de acción. La principal fue la intervención de la CGT y de las principales federaciones y sindicatos afiliados a ella, junto a la suspensión de las actividades sindicales y del derecho de huelga, vinculados a la derogación de facto de la Ley de Contrato de Trabajo” (Fernández, 2010:95). 

La violencia represiva descargada por la dictadura de 1976-1983 sobre el movimiento asalariado y sus organizaciones provocó que alrededor de la mitad de los detenidos-desaparecidos proviniese de los trabajadores. Con la recuperación de la democracia, el sindicalismo con sus prácticas canalizó sus demandas y reclamos respetando las instancias y canales democráticos fortaleciendo el incipiente gobierno. 

Saltándonos la década de los 80, marcada por la recuperación del sindicalismo como canal de intermediación de un sector individual, la década del 90, de acompañamiento a reformas estructurales y de escisión del movimiento obrero, el sindicalismo ingresó al nuevo siglo, de la mano de un Estado que se propuso estimular, promover y articular demandas colectivas cristalizadas en prácticas políticas tales como la convocatoria a las paritarias, la implementación del Consejo del Salario, la paritaria nacional docente por poner ejemplos concretos que terminaron incidiendo positivamente en el fortalecimiento de un sindicalismo más plural. 

El tiempo presente, para concluir con esta breve reflexión, no da respiro y presenta nuevos y viejos desafíos para el sindicalismo y su ligazón con la democracia. Eventos inesperados, cisnes negros, pandemias sanitarias, fondos buitre, amenazas de default y de espiralización del proceso inflacionario, incertidumbre ante un conflicto bélico que puede volverse nuclear marcan el estado de situación que el sindicalismo deberá afrontar. 

La irrupción de la tecnología, exponencialmente impulsada por la pandemia, generó procesos de concentración económica de la mano de las grandes empresas del sector de plataformas2 (desde las trasnacionales Amazon, Rappi, Glovo, etc, hasta semi-nacionales como Mercado Libre). Estas nuevas formas de organización del trabajo, que nos proponen grandes empresas, requieren acuerdos que sean positivos para todos los actores del sistema, al tiempo que resulta necesario que dichos actores sean protagonistas de la discusión. 

La tecnología al alcance de la mano mediante los teléfonos celulares modifica para siempre una dinámica de la acción colectiva y de la construcción sindical acostumbrada a otra dinámica más ordenada y piramidal. El teletrabajo, la deslocalización del trabajador, el constate cuestionamiento de los derechos laborales y en particular la estigmatización del empleo público son amenazas presentes.

Entre los desafíos no tan nuevos, podemos mencionar la internalización del proceso democrático en el movimiento obrero, a través del ejercicio electoral periódico, de la incorporación de la representación de minorías, de género (en cantidad y temática), de las formas de participación. Temas, todos ellos, que parecieran ser números puestos para afrontar un siglo que muestra claros indicios de un proceso de concentración global del capital, y cómo cada vez que eso sucedió la agenda de los medios de comunicación y la batalla por el sentido común tuvieron siempre el mismo objetivo: desmovilizar, retroceder derechos adquiridos, flexibilizar y minar una instancia de intermediación de intereses central para la democracia

* Legislador Frente de Todos. Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Legislatura de CABA. Secretario de Empleo de la Nación (2014/2015) Subsecretario de políticas de empleo y formación del Ministerio de Trabajo de la Nación (2007/2014). Presidente de la Auditoria General de la CABA (2003/2007). Vice Presidente de la Asociación Mundial de servicios de empleo AMSPE (2014/2015) Director del CEM (UMET, UNAJ, UNAHUR). Licenciado en Ciencia política UBA. Maestría en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo (Georgetown University, UNSAM) Docente UBA, UNAJ, FLACSO.