1. Razón de existir

Principalmente radios, pero también televisoras populares, existen y existirán siempre que cumplan con la razón de ese existir; que es representar de manera genuina los intereses de la comunidad en donde la experiencia de comunicación popular se desarrolla. Desde este punto de vista, y de aquí en adelante, a los fines de generar un primer acercamiento al tema, se asumirán como sinónimos los conceptos de comunicación comunitaria y comunicación popular.

Esta concepción sobre cómo y para qué utilizar medios de comunicación masiva se enmarca en una tradición que no es exclusiva, sino que es parte de una praxis regional. Hay algo en las maneras que Latinoamérica tiene para narrarse a sí misma, que propició la proliferación de este tipo de abordajes comunicacionales.

¿De qué se trata la comunicación comunitaria? Son experiencias en las que la capacidad tecnológica de comunicarse con mucha gente al mismo tiempo (los medios de comunicación), no están pensados como método de lucro, a través de los cuales un hipotético dueño vende su “aire” al mejor postor; sino como espacio donde se ejerce el derecho a la comunicación. 

El principal problema que surgió con la multiplicación de medios comerciales es que coparon todo el espectro radioeléctrico. Se lo reservaron para sí, con la anuencia de la ley. Antes sólo se podía montar una radio legal si se trataba de este tipo de empresas comunicacionales. Y toda radio o televisora que transmitiera sin licencia era considerada ilegal.

Como el espectro radioeléctrico es finito, debe ser administrado por el Estado. Pero sucedió durante mucho tiempo que ese mismo Estado que debía garantizar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, era el que le negaba a los medios comunitarios la posibilidad de reclamar una licencia de radiodifusión. En la Constitución Nacional se establece que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. La construcción de una causa y el devenir de la Ley de Medios

 Desde el regreso de la democracia, los medios comunitarios se organizaron para luchar por una nueva ley, una en la que se los deje de considerar marginales e ilegales (cabe aclarar que estos medios nunca se asumieron a sí mismos como ilegítimos). Acordaron redactar una serie de ítems que el Estado debería contemplar para garantizar el derecho a la comunicación: los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática.

Lo que hicieron fue unir fuerzas, difundieron su campaña en los medios y en la calle, y les presentaron la problemática a todos los gobiernos desde 1983 en adelante. Hasta entrado el siglo XXI, la única respuesta oficial había sido la Ley de Reforma del Estado, de 1989. Entre muchas otras cosas, se reformó uno de los pocos puntos de la ley de radiodifusión de la dictadura militar que limitaba los monopolios y oligopolios; el que impedía a empresarios de medios gráficos obtener una licencia de radiodifusión.

La reforma del estado también eliminó el límite de tres licencias para una misma persona física o jurídica y derogó la imposibilidad para los licenciatarios de presentarse a nuevos concursos. Además, se privatizaron emisoras de radio y canales de televisión. Así, el sistema de medios quedaba estructurado de acuerdo con los requerimientos de los grandes grupos económicos.

Esto no detuvo ni la cotidianidad ni la lucha de los medios comunitarios. Por ejemplo, en 1995 se fundó el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), que por supuesto, continuaba difundiendo los 21 Puntos, junto al resto de la coalición. La respuesta política llegaría recién a partir de 2008, cuando desde el oficialismo se planteó la necesidad de recoger las demandas históricas del sector.

Allí comenzó un proceso inédito en la historia argentina, que fue el enriquecimiento del proyecto de Ley en foros de debate que se realizaron en todo el país. El proyecto de Ley era verdaderamente revolucionario. No fue perfecto, pero incluía un cambio sustancial: ahora no solo aquéllos con fines comerciales podían aspirar a una licencia, se iniciaría un proceso de adecuación de aquellas empresas que se excedieran en la cantidad señales, y se liberaría un segmento del espectro radioeléctrico para que cualquier tipo de organización pudiera aspirar a transmitir legalmente.

Cuando, en 2009, se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el clima en los medios comunitarios fue de júbilo y celebración. Se trató de una lucha histórica, que, gracias a la militancia del sector y a un gobierno que creaba causas tensionando a favor del pueblo, inauguraba un nuevo paradigma comunicacional en el país. Pero la implementación no fue para nada fácil. Las empresas de medios con mayor concentración, como el Grupo Clarín, ejercieron su poder real y la justicia terminó frenando la adecuación a la que los obligaba la nueva normativa.

La flamante Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que reemplazaba al Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), no pudo mitigar la contraofensiva de los grupos mediáticos concentrados. Lo que lograron estos grupos fue meter la ley en el freezer y con el transcurso de los años, que aquella emoción inicial por la sanción de la ley de SCA fuera mermando.

Así se llegó a 2015, año en que se hizo cargo de la gestión un gobierno conformado por los propios grandes empresarios de las comunicaciones, de la energía y de las finanzas, con lo cual, se podía avizorar que no iban considerar los reclamos populares respecto de la plena implementación de la Ley. Con la presidencia de Mauricio Macri, se creó un organismo que reemplazo a la AFSCA: el Ente Nacional de Comunicaciones, y todo el esfuerzo parecía diluirse y escaparse.

Sin embargo, más allá de que los grupos concentrados no se adecuaron, la lucha no fue en vano, ya que algo que estableció la ley de SCA y que no se pudo alterar, fue el derecho de los medios comunitarios a transmitir desde la legalidad. Así, en procesos no exentos de tensiones y producto de las luchas colectivas que desarrollaron, obtuvieron su licencia Radio Estación Sur de La Plata, FM Tinkunaco de José C. Paz, Radio Sur y La Ranchada de Córdoba capital, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario y Radio Ahijuna de Quilmes, entre varias otras. La pelea continúa, ya que todavía tiene que resolverse la situación de muchísimo otros medios comunitarios con permisos provisorios, o ni siquiera eso en algunos casos.

3. Una mirada desde el trabajo en el Estado

En la actualidad, la mayoría de las políticas públicas que tienen la comunicación comunitaria como sujeto y objeto están centralizadas en el ENACOM. En cuanto al apoyo estatal que reciben medios comunitarios, en lo que respecta a financiamiento, una de las principales herramientas es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Se trata de una herramienta que permite redistribuir dinero que proviene de los gravámenes y multas a medios de comunicación audiovisual, hacia el fomento a los medios comunitarios. 

Más allá de lo anterior, son pocas y aisladas las secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales del Estado que abordan esta temática. Por lo cual parece pertinente tender puentes entre trabajadores y trabajadoras para reflexionar sobre con qué prisma se deben mirar aquellos procesos, y cómo ejercitar la vista para advertir qué hay allí de comunitario o popular.

Ya desde la perspectiva del colectivo aludido podemos decir que a los trabajadores y trabajadoras del Estado nos toca evaluar las condiciones que cumple o no una organización para acceder a un recurso público. Allí, a veces nos sentimos jueces morales, sabemos que no lo somos, pero cuando la ayuda a un proyecto depende de lo que podamos llegar a decir de él, es importante afilar la mirada. Empecemos por lo que no es.

Un medio comunitario no es aquel que tiene recursos precarios, ni el que tiene menos audiencia que otros, ni el que no se para de cara a la comunidad a la que pertenece. La propuesta aquí en definitiva, y para eso el repaso histórico, es empezar a concebir a la comunicación comunitaria como aquella que organiza. Los procesos de comunicación que se desarrollan en algún territorio, espacial o social, va a poder ser entendida como comunitaria, en la medida en que durante el proceso ese territorio gane en grados de organización.

Las radios y televisoras comunitarias, en cuanto lo sean genuinamente, no pueden sino representar los intereses de la comunidad. La línea editorial y las decisiones no pueden surgir sino del debate sobre aquello que la comunidad reconozca como importante y urgente. En el andar de esos debates, se fortalece la identidad del colectivo, se crea soberanía y se gana en la escala de organización.

Por eso es importante que trabajadores y trabajadoras podamos ir a conocer in situ los proyectos que estamos evaluando. Allí podremos apreciar de primera mano el rol que puede cumplir un medio en un barrio, lo federal de una agenda informativa, lo soberano de que el pueblo diga su verdad, y los contenidos más originales.

Como organizaciones libres del pueblo, los medios comunitarios cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento del Movimiento Nacional. Son expresiones genuinas del pueblo organizado, que elevan una demanda de más libertad de expresión, lo que significa menos concentración mediática, más realidades en escena, más derecho a la comunicación. Los gobiernos conservadores siempre tenderán a limitar las voces. Los gobiernos populares buscarán recoger esa demanda para transformarla en más y mejores políticas públicas. Y los trabajadores y trabajadoras del Estado, siempre estaremos junto a las expresiones genuinas de la soberanía del pueblo.

*  Delegado UPCN Desarrollo Social