El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), implementado desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde julio de 2020, expresa institucionalmente la lucha de las organizaciones sociales por el reconocimiento de lo/as trabajadora/es de la economía popular. Dicha reconfiguración institucional implica un giro en el paradigma de las políticas públicas destinadas a los sectores populares que se encuentran por fuera de las relaciones asalariadas formales. En esta perspectiva, la realidad de millones de personas que viven en y de la economía popular ya no puede ser objeto de políticas sociales “asistencialistas”. No constituye una anomalía del sistema económico, no es transitoria y no va a desaparecer con la ampliación del trabajo asalariado industrial “clásico”, ni con las formas del “emprendedurismo” neoliberal. La economía popular se presenta como un camino productivo, laboral y de derechos que requiere una nueva institucionalidad para constituir otra forma de la seguridad social: el trabajo auto-generado, con dignidad y derechos.


Una nueva realidad social, laboral y productiva.
La Pandemia de Covid 19 expuso al límite una escena social y laboral, en la cual la mitad del pueblo trabajador se encuentra por fuera o reducido del régimen de protección y derechos. La implementación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) destinado a los trabajadora/es informales/precarios, dejó evidente el desconocimiento del propio Estado en materia de esta nueva realidad. Una
realidad “cocinada” a fuego lento durante más de cuatro décadas, pero donde cada crisis la condimenta, arrojando a cientos de miles de compatriotas a rebuscarse la vida de las más diversas formas, ya sea montando una olla en una esquina para alimentar a la familia y los vecinos, o revolviendo la basura para ganarse unos pesos con la venta de cartón.

Existe un consenso generalizado en las ciencias sociales en atribuir dicha realidad a las consecuencias del ciclo de transformaciones neoliberales iniciado por la última dictadura cívica, corporativa y militar. A partir de la última y más violenta
dictadura cívico-corporativa y militar de la historia argentina, se puso fin a la ISI y se inauguró el período neoliberal centrado en un patrón de acumulación del capital caracterizado por la valorización financiera. Desde mediados de la década del 70’ del siglo pasado, profundizándose posteriormente en la década del 90, estas políticas implicaron un progresivo deterioro del entramado productivo nacional y, consecuentemente, la misma suerte corrió el mercado de trabajo. El mundo del trabajo asistió a un proceso de desalarización del mercado de trabajo que implicó su fragmentación, precarización, flexibilización y desvalorización sistemática.
Emergieron nuevos problemas en la esfera social, vinculados a la emergencia del subempleo, el desempleo y la pobreza como problemas estructurales en la sociedad argentina.
Durante los años 90 hasta la crisis del 2001, las políticas laborales de orientación neoliberal implementadas, implicaron políticas de gestión de un mercado de trabajo con tendencia a la contracción y fragmentación. Se desplegaron políticas
de desregulación y flexibilización contractual, basadas en un diagnóstico que apuntaba a los costos laborales como problema, lo que promovió mayores niveles de precarización del trabajo. Mientras que las políticas sociales experimentaron
una multiplicación de programas sociales focalizados y predominio de modalidades de reinserción tutelada en el mercado de trabajo a través de transferencias de ingresos condicionadas. En dichos programas, los organismos multilaterales tuvieron un doble rol. Por un lado, posibilitar el financiamiento de una parte significativa de la intervención social del Estado, pero también condicionar y controlar las formas de intervención.
La primera década y media del siglo XXI estuvo signada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, como expresión local del rechazo al proceso neoliberal anterior a la crisis del 2001. En grandes rasgos, las políticas de crecimiento productivo e inclusión social promovidas, fueron acompañadas con un evidente giro en las políticas laborales y sociales. Sin embargo, persistió en el imaginario de los gobiernos kirchneristas la ilusión de que el crecimiento económico acompañado con cierta dosis redistributiva, paulatinamente conduciría a reencauzar a las mayorías trabajadoras a un esquema en el que el empleo asalariado recuperaría centralidad, mientras que determinadas políticas sociales, constituían asistencia para un sector “inempleable”, en el mejor de los casos, para otros funcionaría como transición al empleo formal. Numerosos estudios pusieron en evidencia que a partir de 2007, pero fundamentalmente luego de la crisis económica de 2008, la persistencia de un “núcleo duro” del 35% de la masa trabajadora, sobreviviendo por fuera de la legislación laboral y la seguridad social.

ReNaTEP. Reconfigurando la “nueva cuestión social”.
El antecedente central que hace a la conformación del Registro, sin duda alguna, se relaciona con el proceso de emergencia de organizaciones sociales que desde los años 90 plantearon otra forma de organización para los trabajadores –como resulta el caso de la CTA- y los movimientos “piqueteros” o de trabajadores desocupados. En el caso argentino, según Svampa (2005), el movimiento de piqueteros y desocupados, transformó el modo de organización de los sectores populares. Los nuevos movimientos sociales se caracterizan por presentar un nuevo repertorio de acción colectiva: desarrollo territorial, actividades socio-comunitarias e impacto en la opinión pública respecto del conflicto social.
La experiencia de un sector importante de dichos movimientos sociales dio lugar a la conformación de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) en 2011, poniendo el acento en la necesidad de organizar a la/os trabajadores de la economía popular. Ese proceso de organización y lucha promovió en 2016 la sanción de la Ley de emergencia social Nro. 27.345, el
segundo gran antecedente del ReNaTEP, dado que la mencionada ley aludía a la necesidad de constituir un registro para conocer la cantidad de trabajadores en dicha condición.
El Registro Nacional de Trabajadora/es de la Economía Popular (ReNATEP) creado a través de la Resolución 408/2020 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, constituye un primer paso en el reconocimiento de un sector social, desde su carácter laboral y productivo. Desde nuestra perspectiva, esto resulta fundamental y estratégico, dado que de esta forma el ReNaTEP comienza a instituir un reordenamiento en la forma de encarar y gestionar una parte importante de la política social de nuestro país. Desplazando la dimensión asistencial y la condición de “vulnerabilidad social”, hacia una perspectiva donde el problema resulta de la asimetría y la desigualdad laboral y productiva de un sector importante de la sociedad 1 , en el marco de un modelo capitalista de nuevo tipo.


ReNaTEP: Articulación, acción pública y configuración de un estado-social.
La constitución de un registro que exprese el reconocimiento estatal a formas laborales y productivas de nuevo tipo, se estructuró alrededor de la articulación de tres dimensiones de saberes: retomar la experiencia de las organizaciones reivindicativas del sector, el aporte de los saberes propios de la gestión que llevan adelante la/os trabajadores del Ministerio y también el conocimiento producido por académicos y profesionales comprometidos con los sectores populares. Esa articulación de saberes se configuró como un proceso de formación interna, de diálogo con referentes de las organizaciones, de trabajar en la “traducción 4 ” de
conceptos y categorías pensados para una realidad, para readaptarlas a las particularidades de la actividad laboral y productiva que se construye desde la acción de los trabajadores “sin patrón” y sin derechos.
Asimismo, esta forma de abordar la realidad, implica desplazarse del concepto de diseño/ejecución de una política pública, al de producción de acción pública, es decir que la transformación de la realidad es producto de una operación que
indefectiblemente necesita de la articulación del estado y los actores sociales. En ese movimiento, el Estado se transforma, asimismo, obligatoriamente debe asumir que su accionar articulado al de las organizaciones, también modifica sus propias
fronteras. Esa erosión de los límites entre el accionar del estado y el de las organizaciones, conduce a un proceso virtuoso de transformación de una realidad producto de una articulación que modifica la realidad material, simbólica e
institucional. Una acción pública e integral, que no se produce en cualquier sentido –en el caso del ReNaTEP- sino en el sentido de reordenar un problema social (el reconocimiento de la/os trabajadores de la economía popular) desde la perspectiva del trabajo y la producción. Vale decir, desde la misma perspectiva desde donde estos sujetos construyen la resolución de sus propias necesidades.

En tercer lugar, esa articulación de saberes, junto con la acción pública que se expresa en el propio ReNaTEP, se vincula con perspectiva específica del Estado, que puede denominarse un estado-social. Esta perspectiva se separa de las
versiones que observan al estado como “síntesis” o como “arbitraje”. La primera no tiene en cuenta el riesgo de destruir las tensiones propias que impone asumir y construir mediaciones sociales. El Estado –inspirados en la forma en la cual el
peronismo construyó una forma una expresión del conflicto capital vs trabajo- no resuelve las tensiones de la dinámica social, sino que las gestiona (en el sentido que su mediación no pretende resolver el conflicto “de una vez y para siempre”)
En el segundo caso, el problema es considerar al estado desde una perspectiva neutral o como dotado de una racionalidad particular “elevada” o “superior”, que le permite resolver las mediaciones o tensiones sociales; en dicha perspectiva, el
estado podría construir relaciones sin los sujetos sociales, por “arriba”, o al margen de los sujetos sociales.
Desde nuestra perspectiva, el Estado-Social supone comprender que el estado expresa relaciones sociales. Pero en esa producción de expresión, en ese proceso de reconfigurar mediaciones sociales, de construir, de producir una relación, el
propio Estado construye un sentido, para sí mismo y para los actores sociales. Al  mismo tiempo, dicha expresión social es plástica, es dinámica, no pretende congelar lo propio de lo social, que es su carácter dinámico y conflictivo.

Como conclusión:
El Registro Nacional de Trabajadora/es de la Economía Popular (ReNaTEP) como iniciativa en el marco de la política social desplegada desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que dar cuenta de una nueva realidad social, de una nueva forma del conflicto social. Construye una respuesta novedosa por varios motivos, no solamente porque transforma la perspectiva asistencial a una mirada centrada en lo laboral y productivo, sino que también aporta una forma de construir otras formas de pensar la producción de conocimiento desde el estado, la articulación con los actores social. En definitiva, otra forma de Estado, que, como el peronismo en su tiempo, asume la necesidad
de instituir una respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI.

1 Según los datos del último informa realizado en agosto de 2021, se encuentran registrados
aproximadamente un poco menos de tres millones de personas. Para dimensionar, en nuestro país cantidad
total de personas que trabajan de manera asalariada en el sector “privado” o mercado son alrededor de 6
millones.

2 Usamos el concepto de “traducción” referenciado en los trabajos de Boaventura Souza Santos (2009) y
Edgardo Lander (2005)