En el último año y medio algo quedó muy claro: sin los trabajadores públicos no se hubiera podido afrontar la pandemia. Esto no es –no pretende serlo- un gesto de autobombo: son los hechos. Si consideramos el poco tiempo que tuvo el actual presidente, Dr. Alberto Fernández, para ordenar un Estado abandonado por el macrismo, es evidente que la camada de funcionarios nuevos que llegaron a ocupar los cargos directivos no habrían dado abasto para solucionar las urgencias y traccionar la maquinaria administrativa y territorial. Es entendible, no todos llegan con la formación específica en procedimientos administrativos ni de trabajo en territorio, por lo que la única garantía para concretar el trabajo en tiempo y  forma reside en la experiencia de los trabajadores. Por supuesto, todo esto luego de pasar por el consabido proceso de desconfianza que sufrimos en cada gestión.

Por este  motivo, nos juntamos a conversar con los compañerxs de nuestro ministerio: Claudia Concheso (ingresó al Estado en 1985), Fabiana Trepichio (ingresó en 1987), Cladia Machado (ingresó en 1988), Sergio Ruiz (ingresó en 1986), y Pablo Fernández (ingresó en 1986).  Casi todos comenzaron sus primeras tareas en el programa PAN (Plan Alimentario Nacional) de la gestión del presidente Alfonsín, en la sede de la calle Defensa 120. Luego, siguieron sus carreras dentro del ministerio con los avatares de nuestra historia reciente.

Compañero, si todo esto no comienza a sonarle familiar, espere un momento.

Podríamos identificar varias causas para explicar por qué con cada cambio de gestión se resetea el sistema y empezamos de nuevo, pero nosotros nos abocaremos a una: la transmisión de la experiencia y el rol de la organización para sostenerla. Estos dos puntos coinciden necesariamente por lo siguiente: si no elaboramos nuestra narrativa identitaria, difícilmente podamos entender los largos procesos históricos que inciden en nuestra vida cotidiana. Y si, además de no elaborarla, no nos ocupamos de aprender de ella, entonces nos condenamos a nuestro propio mito de Sísifo.

La historia del trabajador estatal es la historia de nuestro Convenio Colectivo

Si consideramos los años de ingreso de los compañeros y los ponemos en relación con los momentos clave de la historia política, veremos que la correlación entre los conflictos sociales, políticos y los avances y retrocesos de la normativa son evidentes. También resultarán evidentes las contradicciones y los desafíos que están pendientes.

Luego de la restauración democrática, ingresan nuestros compañeros. Por aquellos años las oficinas estaban ubicadas en la calle Defensa y la cartera se llamaba Ministerio de Salud y Acción Social. El programa que resaltaba por su importancia fue el conocido PAN y supuso la contratación de personal para implementarlo. A partir de ese momento, comienzan su carrera administrativa hasta nuestros días los compañeros mencionados al comienzo. El tipo de contrato de trabajo, nos cuenta Pablo Fernández, era conocido como la planta transitoria. Consideremos estos datos: Pablo ingresa en el año 1986, el mismo año en que se sanciona la Ley 23.328 que reconoce el convenio 151 de OIT, y en 1988 (año de ingreso de la compañera Cladia Machado, para que tengamos en cuenta) se sanciona la Ley 23.544, que incorpora el convenio 154 de la OIT, que es el esquema jurídico que reconoce al sector público el derecho a la negociación colectiva. Vale la pena recordar, que el empleo público no era reconocido como una relación de trabajo^[1], por lo que los derechos de los trabajadores no eran plenos. Recién en el año 1992 se sanciona la ley 24.185 de Negociaciones Colectivas de Trabajo para Trabajadores del Estado. Si bien no se reglamenta en ese momento, señalamos esta fecha porque es cuando se reforma el Estado y se crea el SINAPA. No son coincidencias.

Cuando se crea el SINAPA, el compañero Pablo Fernández no cuenta lo siguiente:

Hubo un solo concurso que fue en el año 1994, después Cavallo congeló todo (…) al margen, con la ley de reforma nos cambiaron la ley de Contabilidad por la ley de Administración Financiera, al mismo tiempo nace el SINAPA en la carrera administrativa, entonces no era  a lo que nosotros veníamos acostumbrados, nos hicieron una reconversión y a algunos nos dieron la categoría equiparada y a algunos, no. No sólo eso, yo notaba entre los compañeros, entre los pares, que el SINAPA de alguna manera fortalecía que el que tenía una buena relación para las calificaciones con un jefe y no el mérito en sí que tenía el trabajador creaba una especie de rivalidad, sin la solidaridad que había en otras épocas”.

Recordemos que corría el año 1992, todavía faltaban varios años para que los trabajadores pudieran ejercer plenamente el derecho a negociar, lo que incluye, por supuesto, la discusión y supervisión de las evaluaciones de desempeño por parte del gremio. Esta queja sobre las evaluaciones nos habla del debilitamiento del campo popular que fue acorde al momento político que se vivió bajo el neoliberalismo. Si bien ahora parece algo lejano, los que hayan vivido esos años, con los despidos masivos, la amenaza de la exclusión, difícilmente hubieran podido actuar de otra manera. La hegemonía de un pensamiento opera, precisamente, en ese punto. Además, consideremos que debemos tener cierta distancia histórica  para comprender procesos que abarcan la totalidad de lo social.

 Pero continuemos.

Como se vislumbra, los avatares de los trabajadores corren a la par del momento político. Por otro lado, observemos los avances en términos gremiales, que siempre median las tensiones que surgen en ese contexto. Ya para los años de implementación de SINAPA se habían incorporado los convenios de la OIT y se había sancionado la ley de negociaciones, faltaba todavía las reglamentaciones y la decisión política de llevarla adelante.

Un tema constante en la administración pública es la formación de los trabajadores. Si bien el sistema de la carrera administrativa está cimentado sobre la profesionalización, la capacitación y el mérito, pareciera que el devenir diario conspira contra ella. La compañera Cladia comenta lo siguiente:

“Cuando ingresé a la administración pública solamente tenía estudio secundario completo, venía con otro objetivo, pensaba que iba a estar dos o tres años, pero cambió todo y decidí profesionalizarme, no puede ser que yo sea una empleada del Estado y no conozca un organigrama, y me da pena cuando veo un compañero que no lo conoce, no puede ser que no sepamos que tenemos cinco secretarías”.

Como vemos, al igual que hoy, en los años en que la compañera ingresa al Estado, la profesionalización siempre estuvo en la mira de los trabajadores, pero sucede que también había compañeros que por diversos motivos desconocían esa posibilidad. Esto es un rasgo fuerte que forma parte de la identidad estatal (un rasgo que nos cuesta reconocer): se da una especie de aprendizaje por ósmosis: cuando alguien ingresa al Estado aprende mirando lo que tiene alrededor,  nada más. Pueden pasar varios años hasta que por un designio del azar un funcionario se ocupe de atender ese tema. También es un desconocimiento del Convenio, en donde se plasma la capacitación como medio de progreso en la carrera. Y aquí se entronca otro punto esencial: esta misma indolencia por parte de los funcionarios respecto de la carrera administrativa se refleja en las políticas públicas. Dice el compañero Pablo Fernández:

“A través de los años en el ministerio hemos afrontado muchas experiencias de gestión, distintas unas de otras, sin tener una continuidad en el tratamiento de las políticas públicas, ya que cada vez que se producía un cambio de gobierno o de gestión ministerial, se producía a la par un cambio en el manejo de las políticas, rara vez algún programa destinado a los sectores más vulnerables tenía continuidad o mejor dicho se reciclaban según la mirada de cada gestión o autoridad de turno”.

Pero para entender y contextualizar esto veamos cómo fue el avance hasta el establecimiento del SINEP. En el año 1998 se comienzan las negociaciones para firmar el primer convenio colectivo de trabajo, donde se incluye un aspecto central: la creación de la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales (Co.P.A.R), que institucionalizaba un hecho central, dado que el Estado empleador debería discutir la relación de empleo con los trabajadores  a través de las organizaciones sindicales. Al año siguiente, en 1999, se sanciona la ley 25.164 que conforma el marco del Empleo Público. Tuvieron que pasar 16 años desde la vuelta de la democracia para que pudiéramos llegar a esta ley, que, sin embargo, constituyó otro comienzo. El gobierno de la Alianza, no hace falta decirlo, terminó en una de las peores crisis sociales que conocimos. En ese contexto llegó a debatirse sobre la existencia misma del Estado; recién con la gestión del Dr. Duhalde se reglamenta la ley de Empleo Público, que constituyó la puerta de entrada para que durante la gestión del presidente Néstor Kichner  convocara a diversos sectores para negociaciones paritarias. Recién en 2008, se logra el acuerdo para el Convenio Colectivo que reemplaza al SINAPA mediante el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) que abarca a la mayoría de los empleados de la APN.

Los hechos más recientes en nuestra historia laboral incluyen en 2014 la apertura de concursos a planta, luego de 25 años de congelamiento de las vacantes. Proceso que todavía está vigente en los próximos llamados a concursar.

Balance

Cómo vimos, la historia de los compañeros históricos de planta corre con la historia macro de nuestra nación, no podemos pensar en los desafíos y deudas que tenemos como trabajadores sin realizar una síntesis de esos planos. Además, debemos poner en valor su relato porque es una parte necesaria de la identidad de los trabajadores del ministerio, todos pasamos por los mismos momentos que ellos: injusticias en los sectores de trabajo, falta de reconocimiento en la carrera, pero también momentos de solidaridad y un fuerte compromiso hacia el trabajo en el ministerio. No es casual que durante el alfonsinismo, en un clima de fervor democrático, se hayan incluido los convenios de la OIT que nos reconocía como trabajadores; tampoco es casual que durante el menemismo se haya postergado la carrera administrativa a pesar de que ya contábamos con herramientas. Lo mismo ocurrió con los gobiernos de Néstor y Cristina. Que como trabajadores desconozcamos el Convenio Colectivo es una debilidad que no nos podemos permitir.

Tampoco hace falta recordar el episodio reciente que constituyó el macrismo y del que tuvimos que hacernos cargo como trabajadores en la pandemia. El principal desafío que tenemos como trabajadores es recordar que somos trabajadores organizados, conscientes del lugar especial en el que estamos porque nos toca garantizar los derechos del resto de los ciudadanos.  La organización es un pilar que nos sirve para recuperar la historia de nuestros compañeros y comprender la de las nuevas camadas de trabajadores que llevan adelante al Estado Nacional. Obviar ese legado, no comprenderlo a la luz de los hechos políticos de la historia y no discutirlo para mejorar es algo que no podemos permitirnos como trabajadores sindicalizados.