En el Ministerio de Desarrollo Social, las abogadas, los abogados y los distintos compañeros y compañeras que forman parte del entorno del derecho, sea cual fuere el área donde trabajemos, somos parte del engranaje de la gestión que aborda la problemática social, desde una mirada colectiva, coordinando con todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio, a fin de llevar adelante las políticas sociales que nuestro pueblo necesita en cada rincón de nuestra Patria.

Somos, ante todo, trabajadoras y trabajadores, y sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho. Vieja frase de Evita, pero nunca pasada de moda.

Nos reconocernos, entonces, primero como trabajadores, segundo como trabajadores públicos organizados y, tercero como profesionales y parte del espectro jurídico.

El resquebrajamiento del tejido social que arrastramos, que llegó a la explosión de 2001, se fue reconstruyendo a partir del año 2003,  pero desde  2015 hasta hoy, debido a las políticas de gobierno primero, y a la pandemia después, venimos en caída libre. No obstante, se llevaron a cabo políticas públicas tendientes a paliar esta situación, con la participación de abogadas, abogados y compañeros de la órbita del derecho de UPCN, aportando un abanico de acciones, desde el marco legal, hasta el trabajo en  territorio.

Así, o bien desde lo jurídico, o con las patas en el barro, estamos siempre presentes. No hay otra manera de construir un Estado presente, de verdad y no para la galería.

Lo que pensamos y hacemos

Nuestro accionar es con y para las abogadas y abogados, y para todo el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Nacional, en el marco de un DERECHO LABORAL PÚBLICO a la medida de un proyecto de país que contemple las necesidades de todos y todas.

La pedagogía individualista y vacía de pensamiento político social que vemos a diario tiene también su “academia” jurídica.

La indiferencia en los planes de estudio respecto de los derechos de los trabajadores públicos, el férreo desacato del Estado eterno frente a la normativa de tutela, la ausencia de tipificación legal con penalidades expresas para los incumplimientos del Estado en su rol de empleador; la interpretación y aplicación de los derechos de los trabajadores que se observa en la jurisprudencia y, cómo ignorarlo, los propios dictámenes de nuestra Procuración del Tesoro de la Nación, dejan una enseñanza sobre nuestros derechos que es pobre, antagónica y mayoritariamente lapidaria.

El correlato, es un Estado poblado por trabajadores alienados de su identidad (de trabajadores y de públicos) y que renuncian compulsivamente, por ignorancia o por resignación, a los derechos y garantías que las leyes, convenios y aún la propia Constitución le reconocen.

Este sometimiento sistemático sobre la figura del empleo público y esta reducción de la conciencia y la voluntad de los actores de la Administración Pública hacen, sin lugar a dudas, a la construcción de una Administración Pública fácilmente cooptable por los intereses del poder de turno de los distintos gobiernos. Una Administración Pública ineficiente, oscura y antidemocrática, enredada en un círculo vicioso anti-virtud, sintetizada en un Estado que presenta una propaganda desfavorable de sí mismo, y que encarna y reencarna la misma profecía autocumplida según los ciclos de los gobiernos de turno. En este sentido, vimos cómo buena parte de la sociedad, reniega del “Estado bobo” y de los trabajadores estatales que lo componemos. Esto, si no batallamos, continuará.

La estabilidad especial que la Constitución prevé a los/as trabajadores/as del Estado, es, justamente, para que, unida a los principios protectorios conferidos a la generalidad de los trabajadores, impida el avance de los gobiernos de turno a través de prácticas inescrupulosas como la cooptación del Estado. Los/as trabajadores/as públicos con identidad, idoneidad y vocación por la construcción de un Estado / Nación, representamos sin dudas un escollo para cualquier plan poco transparente o que atente contra el crecimiento del país.

Entendemos que no estamos frente a un problema que se origina en la ignorancia, sino en la negación. La ignorancia es, en todo caso, un efecto posterior al ocultamiento sostenido en el tiempo.

Nuestras normas son nuestra cultura, nuestra historia, lo que hicimos con el conflicto…

¿Qué hicimos frente a ese diagnóstico? Innumerables acciones en nuestro Ministerio, y en otras instituciones en conjunto con otros compañeros de otras delegaciones de la Administración Pública.

Desde ese ángulo, y con la triple invocación como trabajadores públicos, abogados y sindicalistas, entendiendo este último como lo que es: los representantes de los trabajadores organizados (vale la aclaración ante tanto bastardeo de esa palabra), emprendimos una tarea “evangelizadora”, con el fin de llevar nuestros derechos a feliz conocimiento de todas las compañeras y los compañeros, con el objeto de promover su respeto y su defensa, y para evitar que los borren de nuestra memoria y posteriormente los borren de un plumazo.

En el plano del pensamiento pedagógico, desarrollamos innumerables actividades, cursos, conferencias, charlas, entre otras, con y para todos los compañeros de Desarrollo Social, y formamos parte de otros espacios académicos del ámbito jurídico, particularmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En Desarrollo, apenas empezó la pandemia, nos pusimos a trabajar sobre la temática del trabajo remoto: su historia, en el terreno político nacional e internacional, y sobre las consecuencias que éste acarrea para los trabajadores a corto, mediano y largo plazo, y la implicancia de las nuevas tecnologías que, en los años pre-pandemia ya se venían instalando. Entre otros ejes, la importancia de la inclusión digital, tanto para los trabajadores de la A.P.N. como para el conjunto de la sociedad. En este sentido, armamos un curso jurisdiccional: “El Trabajo remoto pre, durante y pos aislamiento/ distanciamiento social preventivo y obligatorio”, y ahora estamos dando la tercera corte, con una importante participación federal de los trabajadores del Ministerio.

Y en conjunto con otros compañeros y compañeras de otras delegaciones, abordamos innumerables ejes de trabajo. Entre los más destacados se encuentran:

Ejes sindicales estratégicos: Problemática gremial de l@s trabajadores del derecho (de las áreas jurídicas, de áreas legales no jurídicas, de quienes no tienen acceso a tareas acordes con su capacitación específica). Soporte para la negociación colectiva y otros objetivos de interés político. Estudio y elaboración de material que sirve para comprender y facilitar la aplicación de los logros obtenidos. Detección de derechos vulnerados o pendientes de reconocimiento y elaboración de propuestas para su reivindicación.  Difusión del Derecho Laboral Público: Entre los trabajadores de la APN; Ante los departamentos de RRHH y los funcionarios; En los ámbitos académicos / institucionales; Ante la comunidad. Promoción de la capacitación.
Construcción política institucional de soporte: En el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: Instituto de Derecho Laboral Público; Instituto de Derecho Informático; Instituto de Derecho del Turismo; Comisión de Defensa del Abogado en Relación de Dependencia con el Estado. En la U.B.A.: Participación académica y política; Trabajo colaborativo con asociaciones laboralistas.

Hechos y derechos. Algunas acciones destacadas para recordar:  Realizamos una observación formal ante el Congreso de la Nación, causada en la redacción del Digesto Jurídico emitida en 2014, por ubicar ésta el contenido correspondiente al derecho del trabajo dentro del área del derecho administrativo; Cuestionamos formalmente el Régimen de Investigaciones Sumarias vigente ante la Procuración; Elaboramos una propuesta de Régimen de Investigaciones Sumarias que respeta los derechos humanos, particularmente en lo que hace a la presunción de inocencia que rige sobre las personas y su derecho de defensa; Realizamos una propuesta de actualización y mejora del régimen de licencias para la Administración Pública Nacional, de cara a su abordaje paritario; Nos formamos y desarrollamos herramientas para comprender y defender los derechos de los trabajadores comprendidos bajo la modalidad del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público; Realizamos un documento para la mejor comprensión de la jornada laboral, cuando se cursaron masivamente sanciones en varios organismos por su presunto incumplimiento; Gestionamos la emisión de un dictamen por parte del Director del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la facultad de Derecho de la UBA, que avala el carácter laboral de nuestra relación de empleo; Presentamos ante el Rectorado de la U.B.A., y estamos gestionando ante su Facultad de Derecho, el traslado de la materia (optativa) “Empleo Público” desde el Departamento de Derecho Administrativo, hacia el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; Realizamos talleres en numerosas delegaciones, para facilitar herramientas necesarias para la acción gremial: manejo de la normativa vigente en materia de cumplimiento de horarios; cómo actuar ante una investigación sumaria, conocimiento del CCTG 214/06, etc; Iniciamos un espacio de abordaje sostenido y sistemático sobre el impacto que se pretende atribuir a las nuevas tecnologías sobre nuestros derechos laborales, desde el cual se brindó una jornada de capacitación sobre Gobierno Abierto y Digitalización de la Administración Pública, con la destacada participación de la Dra. Leonor Guini.

Algunas participaciones en el plano académico en las universidades: Propusimos y coordinamos el dictado del curso “Elementos del Contrato de Empleo Público”, junto con el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Participamos como disertantes en el IV Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ponencia: "El mundo del trabajo en tensión: controversias, contradicciones y desafíos en la segunda década del siglo XXI"; Participamos como disertantes en el seminario “Estado Nacional: Modernización o Fortalecimiento”, dictado en el marco de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador;

Algunas actividades destacadas de las llevadas adelante desde el Instituto de Derecho Laboral Público en los últimos años: Se creó un espacio anual de estudio y reflexión académica sobre la violencia laboral en el sector público. Ya se han realizado cuatro jornadas (durante cuatro años consecutivos); coordinamos y dictamos el taller “Elementos de derecho laboral público y herramientas para su ejercicio.”, de un mes de duración, cuyos módulos abarcaron: Régimen propio del derecho del trabajo dentro de la Administración Pública Nacional. Principales leyes, decretos y resoluciones que instituyen las relaciones individuales y colectivas: Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional; Sistema Nacional de Empleo Público; C.C.T.G.A.P.N. 214/06. Régimen disciplinario y reglamento de investigaciones administrativas. Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato y el abordaje de la violencia laboral en el ámbito de la A P N ; Realizamos numerosas jornadas, como: “Las Reformas Laborales y la Negociación Colectiva en el Sector Público de Latinoamérica”, que contó con la participación de representantes sindicales de numerosos países de la región”; “¿Evolución de la Jurisprudencia en Materia de Empleo Público?”, con la participación de la Dra. Beatriz Fontana. “Empleo Público y Garantías Constitucionales”, con la participación de nuestro Secretario Omar Autón; “I y II jornada de homenaje a Arturo Sampay y Carlos Cossio”; “La administración pública en la emergencia sanitaria, Constitución Nacional el rol del Estado y el concepto de Deuda Odiosa”.

Por último, (y principal), como dijimos al principio, participamos en la elaboración de políticas públicas. Estamos convencidos de que el conocimiento y el entendimiento que nuestros profesionales (matriculados o no) tienen sobre el funcionamiento del Estado es invaluable para la determinación de los lineamientos estratégicos de la Patria en materia de administración pública. Es de vital importancia que nuestra formación y experiencia pueda ser capitalizada por los compañeros y compañeras que se encuentran en cargos públicos, siendo que ello derivará, sin lugar a dudas, en beneficio de todo nuestro pueblo.

Finalmente, y por todo lo antedicho, seguiremos batallando, siempre en la búsqueda de una Patria Justa, Libre y Soberana, Hoy, volviendo a la presencialidad, con el objetivo principal de la esencia de nuestro Ministerio: La Justicia Social.